Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron este jueves el monto máximo del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, fijado en 634,9 billones de pesos, con lo que se superó la primera etapa del trámite legislativo. La votación, sin embargo, deja abierta una profunda discusión sobre cómo financiar un faltante que, según estimaciones del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, asciende a 60 billones de pesos, en medio de alertas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre un déficit cercano al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda neta que rondaría el 67,3% del PIB para el próximo año.
El proyecto fue radicado por el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de agosto e incluye obligaciones que no fueron contempladas o que fueron subestimadas en administraciones anteriores, especialmente en los rubros de salud, pensiones, universidades públicas y subsidios. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, celebró la aprobación del monto y aseguró que “eso no es un cheque en blanco. Es sincerar el problema”. No obstante, desde la oposición ya se preparan propuestas para exigir al Gobierno una ley de financiamiento que acompañe la ejecución del presupuesto.
Distribución del presupuesto: la deuda desplaza a la inversión
De acuerdo con las proyecciones, por cada 100 pesos del presupuesto, 61,8 pesos se destinarán a gastos de funcionamiento, 24,5 pesos al servicio de la deuda y apenas 13,7 pesos a inversión. Este último rubro, que totaliza unos 87 billones de pesos, es inferior en 7,5 billones al monto destinado únicamente al pago de intereses de la deuda, que asciende a 94,4 billones de pesos. La académica Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá), advirtió que “el país se encamina a destinar más dinero a intereses de la deuda que a la inversión pública en 2027”, una tendencia que, según ella, refleja el creciente peso del endeudamiento en las finanzas públicas.
El incremento del servicio de la deuda es del 54,7% respecto al año anterior, mientras que el monto total del presupuesto crece un 14,2% en comparación con el PGN de 2026. En contraste, la inversión nominal disminuye un 2,8%, lo que agrava la preocupación de diversos sectores sobre la capacidad del Estado para impulsar proyectos productivos y de infraestructura.
Reacciones y próximos pasos en el trámite legislativo
El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo señaló que “hoy ganó el Gobierno el primer round presupuestal al lograr que las comisiones económicas aprobaran un monto del presupuesto para la vigencia del año entrante por 635 billones”, pero advirtió que el verdadero desafío será cubrir el faltante de 60 billones. Por su parte, Christian Quiñonez, exsubdirector de Fiscalización de la Dian, aclaró que “lo que hicieron las comisiones hoy fue aprobar el techo máximo del presupuesto. Lo que hoy se aprobó fue el techo o monto máximo que va a tener el presupuesto de 2027”. En consecuencia, aún resta discutir y votar el articulado, la regionalización de los recursos y la distribución sectorial. El plazo para el primer debate en el Congreso vence el 25 de septiembre, mientras que la aprobación definitiva en las plenarias de Senado y Cámara debe darse a más tardar el 20 de octubre.
El representante a la Cámara del Centro Democrático, Jhon Jairo Berrío, anunció que su bancada tiene lista una proposición para exigir al Gobierno que, una vez expedido el presupuesto, presente una ley de financiamiento en un plazo máximo de un mes, y que además implemente un recorte del 2% en los gastos de funcionamiento. “Bueno, nosotros tenemos una proposición lista como bancada del Centro Democrático, donde le vamos a decir al Gobierno nacional que debe salir lo más pronto posible, después despedido el presupuesto, máximo un mes después, la ley de financiamiento”, afirmó Berrío.
“Aprobamos de manera holgada el monto del Presupuesto General de la Nación 2027: $634,9 billones. Eso no es un cheque en blanco. Es sincerar el problema”.
Rodrigo Lara, ministro del Interior
El Carf, por su parte, advirtió sobre riesgos específicos en sectores como salud, subsidios energéticos y recursos para la reconstrucción, y señaló que el proyecto elimina ingresos condicionados a medidas legislativas no aprobadas, presentando cuentas más realistas. El ministro del Interior también anunció que su despacho radicará un acto legislativo para modificar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, aunque no entregó detalles concretos sobre su contenido. La discusión, entonces, apenas comienza, y en las próximas semanas se definirá si el Gobierno logra cerrar la brecha fiscal sin recurrir a nuevos endeudamientos que agraven la situación financiera del país.
