La defensa de Laura Sarabia, exembajadora de Colombia en el Reino Unido, rechazó de manera categórica el cargo de peculado por uso imputado por la Fiscalía General de la Nación durante la reciente audiencia de imputación, sugiriendo que su inclusión podría ser una represalia por la decisión de la exfuncionaria de no aceptar cargos ni suscribir un preacuerdo con el ente acusador. El abogado defensor, el exfiscal Mario Iguarán, cuestionó la objetividad del organismo judicial y lanzó una advertencia directa: “Para eso les pagan, para imputar y acusar, pero hay que ser objetivos. Ojalá que, como no hemos accedido a lo de la aceptación de cargos, al preacuerdo, no se trate de una inflada de cargos”. La audiencia se centra en el presunto abuso de poder que habría cometido Sarabia contra Marelbys Meza, una exempleada de la Presidencia a quien, según la Fiscalía, ordenó someter a una prueba de polígrafo tras la desaparición de una bolsa con dinero y documentos en su apartamento, hecho ocurrido el 28 de enero de 2023 en la Casa de Nariño.
Los hechos que rodean el caso se remontan a enero de 2023, cuando Sarabia, entonces jefa de gabinete de la Presidencia, denunció el hurto de una bolsa negra que contenía dinero y documentos. La investigación apunta a que la exfuncionaria habría utilizado su jerarquía en el Gobierno nacional para ordenar al general Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar, y al capitán Óscar Leandro Mujica que practicaran una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, quien había recibido la bolsa y al día siguiente no fue encontrada. La Fiscalía sostiene que Sarabia impartió la orden desde una posición de poder, sin competencia legal para hacerlo, y que Meza accedió por temor a perder su empleo, configurando un abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y el ahora controvertido peculado por uso. La Presidencia de la República se declaró víctima formal dentro del proceso.
Defensa cuestiona la legalidad de los cargos
Durante la audiencia, el abogado Mario Iguarán no solo rechazó el cargo de peculado por uso, sino que también pidió a la Fiscalía que explicara por qué Sarabia debería haber conocido la ilegalidad de ordenar el polígrafo. Iguarán señaló que en la Presidencia de la República la práctica de estas pruebas siempre ha sido habitual, afirmando que “hasta donde sabemos, siempre ha existido una sala de polígrafo en la Presidencia de la República y han habido eventualidades de personas, sin número, pero yo creo que millares en la historia del país, de personas que las someten ahí”. La defensa insistió en que Sarabia no actuó con conocimiento de causa sobre una supuesta ilicitud, preguntando retóricamente: “Quisiera que la Fiscalía nos precisara por qué esa afirmación, de que la doctora Laura Sarabia sabía que eso era ilícito”.
El tono de la defensa se endureció al citar un antecedente judicial reciente en el Cauca, donde una fiscal fue condenada por prevaricato por inflar delitos en una imputación. Iguarán utilizó este caso para subrayar su preocupación: “Recientemente, en una decisión de la justicia, se condenó por prevaricato a una fiscal en Cauca, que le dio por inflar los delitos, pero lo que queremos es que se nos precisen algunas inquietudes que nos atormentan”. La estrategia legal de Sarabia busca desvirtuar la imputación de peculado por uso, argumentando que no hubo un uso indebido de recursos estatales, sino una práctica administrativa común. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su postura de que la exfuncionaria no tenía competencia para ordenar el polígrafo y que su jerarquía fue utilizada para presionar a Meza, un caso que sigue generando un intenso debate sobre el uso del poder en el Gobierno de Gustavo Petro y los límites de la autoridad en la Casa de Nariño.
