En una diligencia que se extendió durante todo el lunes 14 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Laura Sarabia, exjefa del Despacho Presidencial del expresidente Gustavo Petro, por su responsabilidad en el escándalo conocido como el «caso del polígrafo». La funcionaria deberá responder por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, hechos ocurridos entre el 28 y el 29 de enero de 2023, cuando ordenó y gestionó una prueba de polígrafo contra su exniñera Marelbys Meza en los sótanos de un edificio frente a la Casa de Nariño, utilizando para ello recursos, personal y aparatos de inteligencia del Estado colombiano.
Los hechos que originaron el proceso judicial se remontan a un presunto hurto de una bolsa con dinero y documentos en el apartamento de Sarabia, ubicado en el norte de Bogotá. Esa bolsa debía ser recibida por Andrés Parra, esposo de la entonces alta funcionaria, pero quedó en poder de Meza, quien al día siguiente fue sometida a la prueba del polígrafo. Según el ente acusador, Sarabia llamó directamente al coronel Carlos Alberto Feria Coldrago, exjefe de la Casa Militar de la Presidencia, y le ordenó practicar el examen a su empleada, desplegando además un esquema de seguridad y actos de investigación en la residencia de la víctima. La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria no tenía facultades legales para activar esos mecanismos, pues dicha potestad recaía exclusivamente en otros funcionarios del Estado.
Los cargos y la posición de la Fiscalía
Durante la audiencia, celebrada ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá, el fiscal del caso expuso con lujo de detalles la forma en que Sarabia habría desbordado sus competencias. La Fiscalía señaló que la exjefa de Despacho conocía la Resolución 0047 de 2023 y el Decreto 2647 de 2022, normas que delimitaban claramente sus funciones y que en ningún aparte incluían la potestad de ordenar pruebas de polígrafo ni de activar la estructura de inteligencia del Estado. «En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, desbordó su competencia funcional, abrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal», afirmó la Fiscalía General de la Nación.
«En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, desbordó su competencia funcional, abrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal»
Fiscalía General de la Nación
Uno de los puntos más sensibles del caso tiene que ver con la relación asimétrica entre Sarabia y Marelbys Meza. La Fiscalía enfatizó que la exniñera se encontraba en una posición de vulnerabilidad absoluta, pues dependía económicamente de su empleadora y temía perder su empleo y único sustento si se negaba a someterse a la prueba. «La simetría de poder que tenía con Marelbys, por ser su empleadora directa, lo que entraña una dependencia económica que ubicaba a la empleada en una posición de vulnerabilidad», manifestó el ente acusador. En esa misma línea, el fiscal del caso fue contundente al afirmar: «Usted, doctora Sarabia, se valió de medios derivados del poder que tenía como jefa de Despacho Presidencial. Estos eran medios coactivos que tuvieron la idoneidad suficiente para doblegar la voluntad de Marelbys».
«Usted, doctora Sarabia, se valió de medios derivados del poder que tenía como jefa de Despacho Presidencial. Estos eran medios coactivos que tuvieron la idoneidad suficiente para doblegar la voluntad de Marelbys»
Fiscal del caso
Las consecuencias dentro del escándalo
El «caso del polígrafo» no solo salpicó a Laura Sarabia, sino que dejó un rastro de funcionarios involucrados y procesos paralelos que estremecieron al gobierno Petro entre enero y febrero de 2023. El coronel Carlos Alberto Feria Coldrago, exjefe de la Casa Militar, también está acusado en este entramado y se declaró inocente; actualmente se encuentra en proceso de ser llamado a juicio oral. Además, cuatro agentes de policía ya fueron condenados por estos hechos: dos miembros de la Dijín recibieron penas de once y doce años de prisión, mientras que dos uniformados de la Sijín de Bogotá fueron sentenciados a diez años de cárcel. A ellos se suman un subintendente y un civil que aceptaron preacuerdos: el subintendente Fredy Gómez Bustamante llegó a un acuerdo de cuatro años de prisión, y Rafael Ricardo Santos Puente, quien fungió como falso informante, también negoció su situación judicial.
El expediente incluye además un principio de oportunidad concedido al capitán Óscar Mojica Cordón, exjefe del Grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá, y revela la existencia de interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza y otra empleada llamada Fabiola Perea, quienes fueron espiadas bajo el falso argumento de que pertenecían al Clan del Golfo. En medio de este complejo entramado, la Secretaría Jurídica de la Presidencia se declaró víctima dentro del proceso, mientras que el caso quedó vinculado a la muerte del coronel Óscar Dávila, subordinado de Feria, ocurrida el 9 de junio de 2023 en una camioneta de la Policía en Bogotá. Aunque la Fiscalía certificó que se trató de un suicidio, versiones extraoficiales no descartan la posibilidad de un asesinato.
Tras rechazar los cargos imputados, Laura Sarabia deberá enfrentar ahora la audiencia de medida de aseguramiento, en la que un juez decidirá si permanece en libertad, si se le impone detención domiciliaria o si deberá ser enviada a un centro carcelario. La decisión marcará un nuevo capítulo en un escándalo que evidenció, según la Fiscalía, el uso indebido del poder y de los recursos del Estado para resolver asuntos personales de quienes ocupaban las más altas esferas del gobierno.
