En una nueva etapa dentro del proceso judicial que remeció el poder político colombiano, Marelbys Meza, la exniñera de la excanciller Laura Sarabia, solicitó formalmente ante la justicia que se investigue a su exjefa por la presunta realización de interceptaciones telefónicas ilegales en su contra. La petición se presenta en el marco del juicio que se sigue tras la controversial prueba de polígrafo a la que fue sometida Meza en enero de 2023, luego de que la entonces jefa de gabinete denunciara la desaparición de dinero de su vivienda. La Fiscalía General de la Nación ya dio un paso clave en el caso al imputar cargos contra Laura Sarabia el pasado 14 de septiembre de 2026 por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, delitos que la excanciller ha negado rotundamente.
La exniñera, quien durante meses ha relatado el calvario que vivió tras ser señalada por la desaparición del dinero de una maleta, sostiene que fue víctima de un «abuso de poder» y que la versión oficial de los hechos oculta una realidad más grave. Según Meza, el monto faltante no eran los 30 millones de pesos que se mencionaron inicialmente en los medios, sino una cifra cercana a los 150 millones de pesos, según información que le habría sido revelada por el capitán de la Policía Óscar Leandro Mojica, quien participó en las diligencias. «Cuando a usted le ponen un carro en la puerta de su casa, usted o va o va», relató Meza en entrevista con La FM, describiendo la presión que sintió al verse obligada a someterse al polígrafo sin posibilidad de negarse.
Intimidación y manipulación en la prueba del polígrafo
Marelbys Meza detalló que durante la prueba fue víctima de maltrato verbal y de una clara manipulación por parte de los uniformados que la interrogaron. «Yo la verdad soy inocente, no me he robado nada. Quiero que el país sepa que soy inocente, una víctima más», afirmó la mujer, quien asegura que uno de los policías le dijo de manera explícita: «Este polígrafo tiene que salir malo sí o sí». La exniñera también denunció que nunca le mostraron los resultados de la prueba y que, en un hecho que califica como extremadamente peligroso, fue incluida en un expediente vinculado al Clan del Golfo. «Claro, es que a mí me metieron por allá como si fuera la cocinera del Clan del Golfo. Imagínese usted el peligro, metida en esa cuestión siendo inocente y sin saber que mi teléfono estaba chuzado», expresó Meza, quien relató además que fue objeto de persecución posterior, incluyendo un incidente en el que un vehículo negro embistió su automóvil y la presencia permanente de patrullas policiales cerca de su vivienda.
La exniñera también pidió disculpas a todas las personas que resultaron afectadas colateralmente por el escándalo, especialmente a los vigilantes del conjunto residencial de Laura Sarabia, quienes fueron despedidos y perdieron sus contratos de seguridad a raíz del caso. «Le pido mil disculpas a todas las personas que fueron víctimas por mi tema, como los vigilantes del conjunto de ella, a quienes echaron y les cancelaron el contrato de seguridad», manifestó. Desde entonces, Meza asegura que su vida ha quedado devastada: «Acabaron con mi vida y mi salud se volvió nada», dijo, añadiendo que actualmente no tiene dónde vivir, que nadie la contrata para trabajar y que ninguna persona le quiere arrendar una vivienda debido al estigma que el caso generó en su contra.
Pese a la negativa de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a brindarle medidas de seguridad, Meza asegura que hoy se siente más tranquila al ver que la verdad empieza a salir a la luz. «En este momento estoy más tranquila porque está saliendo a la luz toda la verdad de todo lo que me hicieron. Yo quiero que el pueblo colombiano se entere de que he sido una víctima más del abuso de poder», concluyó la mujer, quien actualmente debe tomar medidas de seguridad particulares cada vez que sale de su hogar. Mientras tanto, la excanciller Sarabia mantiene su postura de inocencia y enfrenta un proceso judicial que, a un año de las imputaciones, sigue revelando nuevas aristas sobre el uso del poder y las presuntas violaciones a los derechos fundamentales en el alto Gobierno.
