En medio de un intenso debate nacional, la administración del presidente Abelardo de la Espriella reveló una cifra alarmante que contextualiza la reciente decisión gubernamental: el 76 por ciento de los homicidios con armas de fuego en Colombia están vinculados al uso de armamento ilegal. El dato, correspondiente al periodo 2024-2025 y difundido por la Dijín, se convierte en el eje de la discusión pública tras la firma del Decreto 1368 de 2026, que a principios de septiembre levantó la suspensión general para el porte de armas vigentes. La organización Temblores ha advertido que una mayor disponibilidad de armas, incluso legales, podría incrementar la letalidad de los conflictos cotidianos, mientras el Gobierno insiste en que la medida busca proteger al ciudadano que cumple la ley frente a un mercado ilegal desbordado.
El balance de las autoridades muestra que, durante 2025, la Policía Nacional incautó un total de 21.593 armas, superando en 359 las incautaciones del año anterior. De este arsenal decomisado, el 73 por ciento corresponde a armamento industrial, mientras que el 27 por ciento restante es de fabricación artesanal o «hechizo». Entre las piezas de origen industrial, se destaca el predominio de revólveres (2.114 unidades), seguidos por fusiles (483) y pistolas (377). Las rutas de ingreso de este armamento ilegal son múltiples y complejas: desde Ecuador, a través de Tumaco, Ipiales y Puerto Asís; desde Panamá, con conexiones europeas; y especialmente desde Venezuela, por los pasos de Paraguachón, Maicao, Cúcuta, Arauca y Puerto Carreño. El tráfico hormiga y el envío de piezas por separado para ensamblaje en territorio nacional, como en el caso de fusiles AK-47 armados con partes recibidas de distintos destinos, son métodos que diversifican el abastecimiento del crimen.
El origen de las armas y el reto de la trazabilidad
Las estadísticas de la Dijín sobre las armas industriales incautadas revelan una geografía del mercado ilegal. Estados Unidos encabeza la lista con 4.343 armas decomisadas, seguido de cerca por Turquía con 3.923 unidades, de las cuales 3.688 son de tipo traumático. Colombia misma es el tercer origen, con 2.054 armas legales que fueron desviadas al mercado negro. Completan la lista Italia (718), Alemania (470) e Israel (383). Sin embargo, el verdadero desafío para las autoridades radica en la trazabilidad. Una fuente de la Dijín explicó que «muchas armas son alteradas o tienen sus piezas intercambiadas, lo que hace que se pierda la trazabilidad». Hasta 2024, Colombia carecía de un sistema centralizado para este fin; la creación del Módulo de Rastreo de Armas, Municiones y Explosivos busca, precisamente, poner orden en estos datos para entender y atacar el fenómeno.
Las armas cortas, como revólveres y pistolas, son las que tienen mayor demanda en las redes criminales, ya que son las preferidas para ser alquiladas o usadas en los llamados «sicariatos». En contraste, el costo de un arma legal en Colombia sigue siendo una barrera para la población: adquirir una pistola en Indumil cuesta al menos tres millones de pesos, y puede llegar hasta los seis millones con todos los permisos, una cifra que contrasta con la relativa facilidad para acceder a un arma ilegal en los barrios.
«Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Frente a este argumento gubernamental, el experto en seguridad Andrés Villamizar ofrece una perspectiva diferente, señalando que «son mercados y públicos completamente distintos». Mientras el decreto presidencial busca habilitar a ciudadanos con antecedentes limpios, la mayoría de los homicidios se cometen con armas que, al ser ilegales, nunca pasaron por un control de antecedentes. La pregunta que queda en el ambiente, y que organizaciones como Temblores ya han puesto sobre la mesa, es si facilitar el porte a los ciudadanos de bien resolverá el problema o simplemente añadirá más armas a un ecosistema donde la violencia, alimentada por el contrabando y la falta de trazabilidad, sigue siendo la principal causa de muerte violenta en el país.
