Un duro balance sobre la política de Paz Total, implementada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue presentado este martes por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante un debate de control político en la Comisión de Paz del Congreso de la República. Las cifras reveladas por el funcionario evidencian un crecimiento exponencial de los principales grupos armados ilegales del país entre diciembre de 2022 y la actualidad, con un aumento total que pasó de 15.120 a 28.802 integrantes en todo el territorio nacional.
La información más alarmante la protagoniza el Clan del Golfo, que según el Ministerio del Interior experimentó una variación del 152% al pasar de 4.074 a 10.268 miembros. En su intervención, el ministro Lara fue enfático al señalar que «los señores bandidos del Clan del Golfo, en diciembre de 2022 tenían 4.074 miembros y en sólo cuatro años, pasaron a contar con 10.268 miembros, más 152%. Una organización abiertamente criminal creció con una variación del 152% durante esos cuatro años de la paz total». La presentación de estas estadísticas se convierte en el primer gran cuestionamiento oficial a los resultados de la estrategia de paz impulsada por la administración anterior.
Crecimiento generalizado de las estructuras armadas
El balance no se limitó al Clan del Golfo, pues el ministro Lara también expuso el comportamiento de otras organizaciones ilegales que operan en distintas regiones del país. El Estado Mayor Central, facción de las disidencias de las Farc dirigida por alias Mordisco, pasó de 2.143 a 4.480 integrantes, lo que representa una variación del 109%. Por su parte, el ELN creció un 22%, al aumentar su pie de fuerza de 5.851 a 7.123 miembros. En el caso de la Coordinadora Bolivariana, descrita por el funcionario como «una de las tantas disidencias de las disidencias» vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, el incremento fue de 1.134 a 2.358 integrantes, es decir, un 108%.
«El Estado Mayor Central, dirigido por el bandido Mordisco, pasó de 2.143 miembros a 4.480, un 109% de variación. El ELN pasó de 5.851 miembros a 7.123 miembros, más del 22%. Y la llamada Coordinadora Bolivariana, una de las tantas disidencias de las disidencias de las disidencias que van al vaivén del negocio del narcotráfico o del oro o de cuanto negocio ilícito se encuentren, pasaron básicamente de 1.134 miembros a 2.358, una variación del 108%»
Rodrigo Lara, ministro del Interior
Durante el mismo debate, el ministro de Justicia, Iván Cancino, salió al paso de las críticas y precisó la posición del Gobierno actual frente a los compromisos adquiridos en materia de paz. El funcionario fue tajante al afirmar que los acuerdos constitucionales y convencionales suscritos por el Estado colombiano no pueden ser modificados de manera unilateral, y aseguró que la administración actual los respetará y cumplirá. En ese sentido, Cancino destacó el compromiso con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalando que «vamos a cumplir los compromisos constitucionales que se tienen con la JEP, con la JEP va a haber un compromiso de lo que ya esté adquirido de manera constitucional para sacarlo adelante».
El contraste entre las dos posturas quedó evidenciado en el debate: mientras el ministro del Interior sustentaba con cifras el fracaso de la política de Paz Total en materia de reducción de grupos armados, el ministro de Justicia defendía la continuidad de los compromisos institucionales derivados del acuerdo de paz con las Farc y la JEP. No obstante, Cancino dejó abierta la puerta a posibles ajustes, al precisar que el Gobierno presentará «críticas y algunas reformas a las instituciones en el marco de nuestra competencia», sin que esto implique modificar los acuerdos constitucionales ya adquiridos.
Este balance configura un panorama complejo para la seguridad del país, pues evidencia que la estrategia de paz aplicada durante el gobierno anterior no solo no logró contener la expansión de las organizaciones ilegales, sino que en la práctica coincidió con su fortalecimiento numérico. Las cifras presentadas ante la Comisión de Paz del Congreso abren ahora un escenario de evaluación profunda sobre los caminos que debe tomar el actual gobierno para enfrentar a estos grupos, que han encontrado en el narcotráfico y la minería ilegal sus principales fuentes de financiación y expansión territorial.
