Una nueva tragedia enluta al Catatumbo. Un adolescente de 17 años, identificado como Víctor Manuel Corzo, perdió la vida la tarde del lunes 14 de septiembre de 2026 al activar una mina antipersonal en la vereda Unión Vetas, ubicada en el kilómetro 28 de la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra, en Norte de Santander. Según información de la comunidad, el joven, que se desempeñaba como trabajador agrícola, regresaba a su vivienda después de una jornada de labores en el campo, aproximadamente a las 5:00 p.m., cuando la detonación le causó múltiples laceraciones en piernas, brazos y rostro, provocándole la muerte de manera inmediata. Su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Cúcuta para adelantar los procedimientos legales antes de ser entregado a sus familiares.
Este lamentable suceso se enmarca en la compleja crisis humanitaria que vive la región del Catatumbo, donde desde enero de 2025 se intensificó la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Esta disputa territorial ha llevado a los grupos ilegales a instalar Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) en caminos rurales y zonas de trabajo, exponiendo a la población civil a un riesgo constante. De acuerdo con Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y líder social en Norte de Santander, el adolescente se encontraba trabajando en el campo y activó el explosivo cuando se disponía a regresar a su vivienda.
Un patrón de violencia que no cesa
La zona donde ocurrió el hecho es la misma que registró un grave incidente el pasado 22 de julio de 2026, cuando un trabajador de la firma contratista Disico, que presta servicios para CENS Grupo EPM, resultó gravemente herido al caer en un campo minado en la vereda Kilómetro 28. En aquella oportunidad, sus compañeros y organismos de socorro lograron auxiliarlo y trasladarlo al hospital del casco urbano de Tibú. Además, esta vía ha sido escenario del asesinato de un presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC), lo que evidencia el nivel de violencia y control territorial que ejercen los actores armados en la zona.
Más allá de las minas antipersonales, la región enfrenta otra amenaza creciente: los ataques con drones cargados de explosivos. Según la organización Corporeddeh, entre el 1 de enero de 2025 y el 8 de septiembre de 2026, se registraron 124 víctimas relacionadas con esta modalidad en el Catatumbo. De ese total, siete civiles murieron y 44 resultaron heridos, mientras que en la Fuerza Pública se reportaron 18 muertos y 55 heridos. Las comunidades rurales permanecen expuestas a estos artefactos mientras desarrollan labores agrícolas o se desplazan por caminos habituales, una situación que organismos humanitarios como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y monitores locales han denunciado como un repunte continuo de incidentes que involucran a menores en el Catatumbo.
