El representante a la Cámara Wadith Manzur, del Partido Conservador, fue trasladado en las últimas horas desde la Estación de Carabineros de la Policía, ubicada en el norte de Bogotá, hacia el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de La Picota, en cumplimiento de la medida de aseguramiento dictada en su contra por la Corte Suprema de Justicia. El congresista permanecerá recluido en este centro carcelario mientras avanza la investigación que se le sigue por su presunta implicación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Este movimiento carcelario se realizó como parte de la orden emitida por el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Abelardo de la Espriella, quien dispuso el retiro de las personas privadas de la libertad de las estaciones policiales y guarniciones militares del territorio nacional. Según la información conocida, el traslado se efectuó mediante un operativo de las autoridades penitenciarias en horas de la mañana, y durante el recorrido Manzur habría salido visiblemente afectado emocionalmente, con lágrimas, según reportó la revista Semana.
Un caso que estremece al Congreso y al Gobierno
El escándalo por el presunto desfalco a la Ungrd ha puesto en el ojo del huracán tanto al legislador conservador como a otros funcionarios de alto perfil cercanos al Gobierno Nacional. El pasado 11 de marzo, solo tres días después de que Manzur resultara reelegido en su curul para el periodo que inicia en 2026, la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura y posterior medida de aseguramiento como presunto responsable de los delitos que se investigan en el marco de los millonarios contratos irregulares asignados por la entidad de atención de desastres en el departamento del Meta y otras regiones del país.
Manzur, quien hasta ahora era una de las fichas clave del Partido Conservador en la Cámara de Representantes, deberá permanecer recluido en La Picota mientras la Sala de Instrucción define su situación jurídica de manera definitiva. Su caso, que incluye audiencias virtuales y la práctica de pruebas documentales y testimoniales, promete mantenerse en el centro del debate político en los próximos meses. Mientras tanto, el partido de gobierno y la bancada conservadora enfrentan un nuevo remezón por el avance de las pesquisas, que ya dejan a varios exfuncionarios y contratistas condenados por su participación en el entramado de corrupción que desvió recursos públicos de la gestión del riesgo.
La decisión de la Corte Suprema de trasladar a los procesados a centros carcelarios ordinarios bajo su custodia también obedece a la necesidad de garantizar la seguridad de los detenidos y descongestionar las estaciones de policía, que históricamente han sido utilizadas como lugar de reclusión transitoria. En el caso puntual de Wadith Manzur, su salida de la estación del norte de Bogotá se sumó a la de otros implicados en el mismo escándalo, quienes han sido ubicados en distintos centros de reclusión del país mientras se avanza en el proceso que amenaza con ampliar las consecuencias políticas para la administración Petro.
