En una declaración contundente ofrecida este viernes desde la Presidencia de la República, el vocero oficial, Miller Soto, arremetió contra el gobierno de Gustavo Petro por la negligencia en el proceso de liquidación del extinto Ministerio de Igualdad y Equidad, cuya desaparición formal se materializó el 20 de junio de 2026. Soto anunció la firma de la Directiva Presidencial 02, un instrumento jurídico que busca reorganizar de manera urgente la reasignación de las funciones, programas, proyectos y recursos que estaban a cargo de la cartera, para evitar que las poblaciones vulnerables queden desprotegidas en la transición.
El decreto de liquidación del ministerio, expedido por el gobierno anterior el 19 de junio de 2026, un día antes del vencimiento del plazo otorgado por la Corte Constitucional, se convirtió en el centro de la crítica. El alto tribunal había declarado inexequible la ley de creación del Ministerio de Igualdad en mayo de 2024, otorgando dos legislaturas, contadas desde julio de ese año, para reorganizar sus funciones. Para el gobierno actual, ese tiempo fue desperdiciado. “La negligencia con la que el gobierno anterior dejó esos derechos colgando de un hilo es inaceptable”, señaló Soto, quien añadió que “dos años para planear y lo que dejaron fue un ministerio liquidándose en el aire, sin que nadie supiera a dónde iban a parar los programas que atendían a la gente”.
Una transición bajo presión
La Directiva Presidencial 02, firmada por el presidente Abelardo de la Espriella, ordena a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, así como al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y a Prosperidad Social, coordinar un plan de acción para identificar y reasignar los asuntos del ministerio liquidado. La medida también instruye a estas entidades a atender de manera prioritaria las solicitudes del agente liquidador, Jhon Milton Rodríguez, quien deberá conducir el proceso con el acompañamiento de la Procuraduría, la Contraloría y otros entes de control que fueron invitados a vigilar cada paso de la transición.
El vocero fue particularmente duro al describir la gestión previa. “Se fundó como una vitrina ideológica, más preocupados por el discurso que por el resultado”, afirmó Soto, quien también cuestionó el compromiso real del gobierno saliente con las comunidades que decía proteger. “Cuando llegó la hora de cerrarlo, ese mismo gobierno que tanto habló de proteger a las personas más vulnerables las dejó expuestas, sin ruta, sin garantías, sin que nadie respondiera por ellas”, agregó.
“Un ministerio se puede acabar, una bandera ideológica se puede tumbar, pero los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres, de las comunidades étnicas y de los sujetos de especial protección constitucional no se liquidan con un decreto mal hecho”.
Miller Soto, Vocero de la Presidencia
Desde la Casa de Nariño se insiste en que el objetivo de la directiva es garantizar que ninguna de las poblaciones que dependían del Ministerio de Igualdad quede sin cobertura durante el proceso de liquidación. Aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella acepta la decisión de la Corte Constitucional, deja claro que la ejecución de la liquidación previa fue deficiente y que ahora corresponde al nuevo Ejecutivo corregir el rumbo. La polémica, sin embargo, está lejos de cerrarse: mientras los entes de control se preparan para auditar cada paso, las organizaciones sociales que dependían de los programas del ministerio esperan respuestas concretas y rápidas ante una transición que, por ahora, genera más incertidumbre que certezas.
