Un nuevo capítulo se abre en el debate sobre la política criminal del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, quien lideró esa cartera entre febrero y julio de 2026, lanzó una dura crítica al plan oficial de construir diez megacárceles, al asegurar que el costo estimado de cinco billones de pesos no representa una prioridad en el actual contexto de ajuste fiscal. El cuestionamiento fue difundido por Cuervo a través de sus redes sociales, justo cuando el actual titular de la cartera, Iván Cancino, socializaba el proyecto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 16 de septiembre, generando un fuerte contrapunto en medio de la discusión sobre la viabilidad financiera de la propuesta penitenciaria.
El plan de las diez megacárceles, que fue una de las promesas de campaña del presidente De la Espriella, busca ubicar los centros penitenciarios fuera de los cascos urbanos bajo estrictas condiciones de seguridad para evitar que los internos continúen operando actividades criminales desde prisión. Sin embargo, el proyecto aún carece de un costo oficial, ubicaciones definidas o un cronograma de ejecución divulgado. El exministro Cuervo fue contundente al comparar la iniciativa con el modelo del centro penitenciario La Nueva Joya, en Panamá, un referente de máxima seguridad en la región. “Diez ‘mega cárceles’ como las de la Nueva Joya en Panamá, que parece ser el modelo a seguir, costarían alrededor de 5 billones. ¿Es la prioridad en tiempos de ajuste fiscal?”, escribió Cuervo, planteando una pregunta que resuena en los círculos políticos y económicos.
Gobierno justifica la inversión y abre el debate sobre el modelo
Desde el Gobierno, el ministro Iván Cancino ha defendido la iniciativa como un pilar de la estrategia de seguridad. En su intervención ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Cancino aseguró que la construcción de nuevas cárceles es una necesidad inaplazable. “Vamos a construir cárceles y para eso se necesitan recursos. Ya hay un tema de planeación bastante abierto”, afirmó el funcionario, quien también abrió la puerta a explorar un modelo de concesión privada. Bajo este esquema, el Estado aportaría los predios mientras que el sector privado asumiría la inversión y la operación logística de los centros, una fórmula que busca aliviar la presión fiscal inmediata sobre el erario.
El debate no solo se centra en el costo. Cancino destacó que la política criminal del Ejecutivo debe ser integral. “La política de mano dura contra el crimen y de no negociar no implica olvidarnos también de inversiones en sustitución de cultivos, en cárceles productivas”, señaló, al tiempo que añadió una línea clara de doble vía: “El que no le gusta la ley, mano dura; el que quiere actuar dentro de ella o resocializarse, también le daremos las alternativas”. Estas declaraciones se producen tras la reunión que el presidente De la Espriella sostuvo en Barranquilla el pasado 14 de septiembre con Cancino, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y representantes del sector constructor, un encuentro que dio los primeros pasos concretos para materializar el proyecto.
“Diez ‘mega cárceles’ como las de la Nueva Joya en Panamá, que parece ser el modelo a seguir, costarían alrededor de 5 billones. ¿Es la prioridad en tiempos de ajuste fiscal?”
Jorge Iván Cuervo, exministro de Justicia
Mientras el Gobierno insiste en que la construcción de las megacárceles es un componente esencial de su lucha contra el crimen, las críticas de Cuervo ponen sobre la mesa la pregunta por las prioridades en un momento de estrechez económica. La administración De la Espriella deberá ahora sortear el reto de presentar un plan de financiación viable que convenza tanto a la opinión pública como a los sectores que, como el exministro, consideran que cinco billones de pesos podrían tener un destino más urgente en otras áreas de la política social y de seguridad.
