Un juez de control de garantías ordenó prisión intramural para dos uniformados de la Policía Metropolitana de Cali señalados de pedir cinco millones de pesos a un ciudadano a cambio de no ejecutarle una orden de captura. Se trata del subintendente Cristian Fernando Mosquera Rentería y la patrullera Diana Marcela Castro Reina, quienes fueron procesados por los delitos de concusión y falsedad ideológica en documento público, según la determinación judicial conocida en las últimas horas.
Los hechos ocurrieron en Cali, Valle del Cauca, cuando ambos agentes intimidaron al ciudadano con la posibilidad de capturarlo y condicionaron el procedimiento al pago de dinero. La exigencia económica estaba relacionada con una orden de captura vigente en el marco de una investigación por el delito de receptación. De acuerdo con la investigación, los uniformados habrían presionado a la víctima para que entregara los cinco millones de pesos y así evitar que el procedimiento judicial se hiciera efectivo. Además, se les atribuye la inclusión de información falsa en documentos oficiales relacionados con el caso.
Medida de aseguramiento en centro carcelario
La Fiscalía presentó ante el juez los elementos de prueba recopilados durante la investigación, los cuales resultaron suficientes para imponer la medida de aseguramiento intramural. El juez consideró que la gravedad de los hechos y el riesgo de obstrucción de la justicia justificaban la privación de la libertad en un centro carcelario, donde los dos policías permanecerán mientras avanza el proceso judicial. La defensa de los uniformados no logró desvirtuar los señalamientos en esta etapa inicial del caso.
La investigación estuvo a cargo de la Dijín de la Policía Nacional, que fue la entidad que detuvo a los agentes después de recopilar las pruebas. Según el expediente, el vehículo relacionado con este caso ya había sido retenido legalmente el 3 de mayo de 2025, antes de que se presentaran las exigencias económicas denunciadas. Este dato hace parte del material probatorio que vinculó a los uniformados con los hechos por los que ahora deberán responder ante la justicia ordinaria.
La decisión del juez envía un mensaje contundente frente a las conductas de corrupción al interior de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, los dos procesados permanecen privados de la libertad a la espera de que se defina su situación jurídica en las próximas audiencias. La Fiscalía continuará aportando evidencias para sustentar la acusación por concusión y falsedad ideológica, delitos que en Colombia pueden acarrear penas significativas y que afectan directamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de proteger sus derechos.
