El Ministerio de Educación Nacional notificó el 16 de septiembre de 2026 la apertura de dos investigaciones administrativas preliminares contra la Fundación de Educación Superior San José (FESSANJOSÉ) por presuntas irregularidades académicas, laborales y de dirección. Esta acción se produce apenas una semana después de que Juliana Guerrero, exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, fuera condenada a tres años de prisión por presentar títulos falsos de esa misma institución para aspirar a la dirección del viceministerio de Juventudes.
Las investigaciones, ordenadas por la ministra saliente Viviane Morales Hoyos, surgieron a raíz de reportes de la Inspectora In Situ del Ministerio. Según el comunicado oficial, las actuaciones involucran a FESSANJOSÉ y a quienes han ejercido funciones de representación, dirección, administración y control en la institución, entre ellos el Representante Legal, el Rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales. El Ministerio reiteró que las instituciones de educación superior tienen el deber de actuar con debida diligencia y garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y de la normativa que regula la prestación del servicio público de educación superior.
Los dos procesos administrativos examinan posibles inconsistencias en la expedición de títulos y en la información suministrada al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). También se investiga si programas académicos fueron ofrecidos en condiciones distintas a las autorizadas en sus registros calificados, con la sospecha de que algunos se habrían ofertado sin registros vigentes. Además, se revisa la conformación y operación de los órganos de gobierno de la fundación, así como los pagos a docentes por hora cátedra, que podrían estar por debajo del mínimo establecido en la Ley 30 de 1992.
«Las actuaciones involucran a FESSANJOSÉ y a quienes han ejercido funciones de representación, dirección, administración y control en la institución, entre ellos el Representante Legal, el Rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales»
Ministerio de Educación, Comunicado oficial
El escándalo de los títulos falsos
El antecedente de estas investigaciones es la condena a Juliana Guerrero, quien el 3 de septiembre de 2025 cargó dos títulos falsos de la Fundación San José en el sistema Sigep II para postularse al cargo de directora del viceministerio de Juventudes. Los diplomas, que la acreditaban como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y profesional en Contaduría Pública, tenían actas de grado fechadas el 1 de julio de 2025. La fundación anuló esos títulos al detectar que no había registros de actividad académica, clases ni evaluaciones.
La Fiscalía detalló que Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la fundación, autorizó la expedición de esos documentos mediante su perfil de administrador en el sistema, a pesar de que los validadores externos no habían aprobado la emisión. «Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus dos títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos», señaló la fiscal Jessica Montealegre. Tanto Guerrero como Gutiérrez fueron condenados a tres años de prisión, una multa de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes y dos años y medio de inhabilidad para aspirar a cargos públicos. En su declaración, Guerrero manifestó: «Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país».
«El Ministerio de Educación Nacional reitera que las Instituciones de Educación Superior tienen el deber de actuar con debida diligencia y garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y de la normativa que regula la prestación del servicio público de educación superior»
Ministerio de Educación, Comunicado oficial
Las nuevas investigaciones administrativas se suman a las acciones penales ya concluidas, y el Ministerio de Educación advierte que estas actuaciones buscan determinar el alcance de las responsabilidades institucionales en las irregularidades detectadas, en un caso que ha puesto en tela de juicio la transparencia y el control de calidad en la educación superior del país.
