La concejal de Bogotá Heidy Sánchez Barreto, del Pacto Histórico, denunció este miércoles 16 de septiembre que el ambicioso proyecto del nuevo estadio El Campín, desarrollado bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), acumula serios retrasos y se enfrenta a al menos cuatro frentes judiciales y administrativos que ponen en entredicho el cronograma de entrega. En un hilo publicado en la red social X, la cabildante señaló que la construcción ni siquiera ha iniciado, debido a que aún no se ha surtido la validación del Estudio de Tránsito y Transporte ante la Secretaría de Movilidad, un trámite indispensable para obtener el visto bueno final.
El foco de las controversias se centra en el Contrato de Concesión No. 2772 de 2024, que originalmente proyectaba el inicio de las obras durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, la fase de construcción permanece en vilo. Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), intentó calmar las aguas al ser consultado por Noticias RCN, asegurando que “ya estamos a punto de surtir el último trámite, que es el estudio de tránsito ante la Secretaría de Movilidad” y que el proceso “va por muy buen camino”. No obstante, la realidad judicial pinta un panorama más complejo. La concejal Sánchez reportó que ya se solicitó a la Fiscalía el expediente de una noticia criminal por presunto interés indebido en la celebración de contratos, sumándose a una acción popular admitida el 9 de julio por el Juzgado 60 Administrativo de Bogotá, una querella policiva por presuntas infracciones urbanísticas y una demanda de controversias contractuales presentada por los herederos de la familia Camacho.
El fantasma de la donación de 1938
El origen de la disputa legal más significativa se remonta a 1938, cuando Nemesio Camacho donó al Distrito su finca “El Campín” con la condición exclusiva de destinarla a fines deportivos, con motivo de los primeros Juegos Bolivarianos. Ahora, sus herederos han demandado a la administración distrital por un presunto incumplimiento de esa donación modal. El 6 de agosto de 2026 fracasó una audiencia de conciliación convocada por la Procuraduría entre los herederos, el Distrito, el Idrd y la concesionaria Sencia. Dos semanas después, el 20 de agosto, los demandantes presentaron una demanda de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde ya se habían fijado las reglas del proceso. El valor comercial del terreno, estimado por los herederos, asciende a una cifra astronómica de 563.811 millones de pesos, lo que eleva la presión sobre un proyecto que incluye no solo el estadio, sino también un auditorio filarmónico para 2.200 espectadores, un pabellón de deportes, un centro gastronómico y un centro médico.
Los plazos de construcción, fijados en 671 días calendario (cerca de 22 meses) desde la firma del acta de inicio, ya se han vuelto irreales. La fecha original de entrega, prevista para diciembre de 2027, es inviable. Si el trámite de tránsito se resuelve hacia finales de septiembre de 2026, la ejecución se extendería hasta aproximadamente julio de 2028. Sin embargo, el periodista Alejandro Pino Calad, en su pódcast Historias Secretas, ha proyectado un escenario más pesimista: la entrega podría retrasarse incluso más allá de esa fecha, llegando hasta 2029.
“Ya estamos a punto de surtir el último trámite, que es el estudio de tránsito ante la Secretaría de Movilidad. El proceso va por muy buen camino”.
Daniel García Cañón, director del Idrd
Mientras tanto, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha intentado dar señales de avance. El 5 de marzo de 2026, el mandatario confirmó que el nuevo estadio se levantaría en el costado oriental del predio, permitiendo que el actual escenario continúe operando durante las obras. Por su parte, el 24 de julio de 2026, la concesionaria Sencia emitió un comunicado afirmando que los trabajos preliminares, que incluyen demoliciones, aprovechamiento forestal y adecuaciones, estaban en fase de finalización y que la licencia de construcción “quedó en firme”. Sin embargo, no se han registrado actualizaciones oficiales posteriores que aclaren el estado real del proyecto, mientras los litigios siguen su curso y las dudas sobre la viabilidad jurídica del megaproyecto se profundizan. Cada día de retraso posterga la entrega del escenario deportivo, mientras las demandas amenazan con modificar sustancialmente los usos comerciales e inmobiliarios previstos, la denominación histórica del estadio, e incluso podrían llevar a la restitución del inmueble o al pago de su valor comercial.
