Un jurado en el Tribunal del Distrito Sur de Florida evalúa en estos días la responsabilidad civil del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, ocurrida durante la retoma militar del Palacio de Justicia en Bogotá los días 6 y 7 de noviembre de 1985. En la sexta jornada del proceso, los testimonios de sobrevivientes y testigos han descrito un patrón sistemático de torturas y desapariciones forzadas, que apuntan a órdenes directas del oficial, quien se encontraba al mando en la Casa del Florero, punto clave de la operación militar.
Orlando Quijano, uno de los sobrevivientes, relató ante el tribunal los tormentos a los que fue sometido: suspensión de los brazos, golpes y asfixia mediante la técnica conocida como “submarino”, que consiste en sumergir la cabeza en agua hasta casi provocar ahogamiento. Quijano también declaró que fue obligado a firmar un documento de “buen trato”, una práctica que buscaba encubrir las vejaciones. “Fue la protección médica la que me salvó la vida”, afirmó Nicolás Pájaro, exmagistrado sobreviviente, quien logró escapar con vida del infierno que vivieron decenas de personas en los centros de detención militar improvisados.
Testimonios de tortura y desaparición
Ricardo Gámez Mazuera, exinformante de inteligencia, declaró que escuchó directamente de Plazas Vega la orden de que “trabajaran” a los detenidos, eufemismo para referirse a las torturas. Gámez narró además que vio un camión militar cargado con ácido y cal viva que se dirigía a la Escuela de Caballería, y que, según su testimonio, esos materiales se utilizaron para desaparecer cuerpos. La defensa del coronel retirado intentó desacreditar a Gámez al señalar una inconsistencia: en una declaración de 1989, el informante mencionó la Escuela de Artillería como destino del camión, no la de Caballería. Sin embargo, la investigadora Hannah Martín, de Forensic Architecture, presentó una reconstrucción tridimensional de la toma y retoma del Palacio, en la que identificó a sobrevivientes clasificados como “especiales” que habrían sido interrogados, torturados y finalmente desaparecidos, entre ellos la joven Luz Mary Portela, cuyo cuerpo nunca fue encontrado.
Los exmilitares Orlando Galindo Cifuentes y Abelardo Gómez, testigos de la defensa, negaron categóricamente que se hubieran cometido maltratos o que hubiera detenidos en la Escuela de Caballería. Galindo, quien admitió su amistad con Plazas Vega, sostuvo que las versiones de los denunciantes son falsas. Por su parte, el coronel retirado ha rechazado siempre las acusaciones de torturas, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales, insistiendo en que actuó dentro del marco de la legalidad durante la recuperación del Palacio de Justicia.
“La democracia no se defiende con tanques”
Helena Urán Bidegain, hija de la víctima
Las hijas del magistrado asesinado, Mairée y Helena Urán Bidegain, han seguido el juicio con una mezcla de dolor y esperanza. En sus declaraciones a la prensa, Helena Urán sentenció que “la democracia no se defiende con tanques”, en referencia a la brutalidad de la intervención militar que costó la vida de su padre y de decenas de civiles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había establecido que Carlos Horacio Urán salió con vida del edificio del Palacio antes de aparecer muerto, lo que refuerza la hipótesis de que fue ejecutado extrajudicialmente. Este juicio civil en Estados Unidos busca determinar si Plazas Vega debe responder económicamente por los daños causados, luego de que en Colombia fuera condenado por desaparición forzada y posteriormente absuelto, en un vaivén judicial que ha marcado el caso durante casi cuatro décadas.
