La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de concusión al exjuez 66 de instrucción penal militar de Florencia, Caquetá, Javier Ardila Arias, por presuntamente haber exigido 40 millones de pesos a un capitán del Ejército a cambio de favorecerlo en un proceso penal militar que cursaba en su despacho. La imputación de cargos se realizó el pasado 16 de septiembre de 2026, mientras que los hechos investigados se remontan a abril de 2025. De acuerdo con la denuncia, el exfuncionario judicial habría contactado al oficial a través de la aplicación WhatsApp para citarlo a un primer encuentro que se llevó a cabo el 7 de abril de 2025 en un establecimiento de ocio ubicado cerca de la Brigada 12 del Ejército en Florencia, Caquetá.
Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, el exjuez habría solicitado al capitán la suma de 40 millones de pesos durante ese primer encuentro, petición que reiteró tres días después, el 10 de abril de 2025, en otro local de la misma zona. El origen de este proceso penal se remonta a una operación militar desarrollada el 11 de marzo de 2025 contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas en San José del Fragua, Caquetá. En desarrollo de esa operación, se observó a un grupo de militares con prendas camufladas y fusiles que reportaron coordenadas diferentes a las de su ubicación real, lo que generó la apertura de una investigación disciplinaria y penal contra el capitán y dos suboficiales por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público.
Un presunto plan de cobro que quedó al descubierto
La fiscalía del caso señaló que el exjuez Ardila Arias, quien conocía el proceso penal número 3649 contra el capitán y los dos suboficiales, no impuso medida de aseguramiento en contra de los uniformados, una decisión que el ente acusador relaciona directamente con un presunto plan de cobro. «El juez 66 de instrucción penal militar de Florencia, Caquetá, Javier Ardila Arias, abusando de sus funciones inherentes a dicho cargo, citó vía WhatsApp al capitán», manifestó la Fiscalía General de la Nación en su exposición ante el juez de control de garantías. La defensa del exfuncionario judicial, quien además se habría jactado de haber cometido irregularidades similares con otros uniformados, no logró desvirtuar los elementos materiales probatorios presentados por el fiscal del caso.
«En el curso de ese encuentro, el funcionario judicial solicitó al oficial la suma de 40.000.000 de pesos»
Fiscal del caso, Dirección Especializada contra la Corrupción
Ante la insistencia del exjuez por obtener el dinero, el capitán decidió denunciar los hechos, lo que dio origen a la investigación que hoy lo tiene imputado por concusión. La Fiscalía también reveló que, en un segundo encuentro, el procesado «insistió en la solicitud de pago de la suma de 40.000.000 de pesos que había solicitado previamente al capitán a cambio de beneficiarlo en ese proceso penal 3649». El exjuez no aceptó los cargos imputados y el juez de control de garantías no le impuso medida de aseguramiento, decisión que la Fiscalía apeló.
De ser hallado culpable, Ardila Arias enfrentaría una pena de 8 a 15 años de prisión, la cual podría ser agravada hasta en una tercera parte por tratarse de un administrador de justicia. Además, la ley prevé para estos casos una multa, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, y una sanción disciplinaria que implica la destitución e incluso la pérdida de la tarjeta profesional de abogado, tal como lo establece el artículo 122 de la Constitución Política. El proceso continúa su curso y se espera que en las próximas semanas se resuelva la situación jurídica del exfuncionario, quien deberá responder ante la justicia por el presunto abuso de poder cometido durante el ejercicio de sus funciones en Florencia, Caquetá.
