El presidente Abelardo de la Espriella, acompañado del vocero de Presidencia Miller Soto, el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez y el ministro del Interior Rodrigo Lara, anunció desde la Casa de Nariño un ajuste inicial de 21,9 billones de pesos en el gasto público, como parte de un plan para corregir el déficit fiscal y reorganizar las finanzas del Estado. La medida se complementará en noviembre con la radicación de un proyecto de ley de reforma estructural que contempla la fusión o cierre de ministerios, y en los próximos días se presentará un acto legislativo para modificar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, específicamente en materia de gestión parlamentaria.
Un presupuesto heredado con desbalances
El Gobierno de la Espriella asegura que recibió unas finanzas públicas en estado crítico. El presupuesto presentado por la administración anterior ascendía a 575,6 billones de pesos, pero contenía un desbalance superior a 30 billones y una subestimación del servicio de la deuda: calculado inicialmente en 118 billones, la obligación real se estima en 155,4 billones, lo que representa un faltante de 37,4 billones. A esto se suman necesidades adicionales en pensiones, salud, salarios, universidades públicas y el Fondo de Combustibles, que junto con la deuda suman cerca de 59 billones de pesos. Tras las revisiones, las comisiones económicas del Congreso aprobaron un nuevo presupuesto de 634,9 billones de pesos, de los cuales 392,5 billones corresponden a funcionamiento y 86,9 billones a inversión. El 44% de los recursos del próximo año provendrá de crédito, equivalente a 281 billones de pesos. En términos prácticos, por cada 100 pesos del presupuesto, 24 se destinarán al servicio de la deuda y apenas 14 a inversión pública.
«Recibimos unas finanzas públicas en estado crítico. Este gobierno no llegó a maquillar cifras; llegó a sincerarlas».
Miller Soto, vocero de Presidencia
El recorte inicial de 21,9 billones será liderado por el Ministerio de Hacienda y aplicará de manera inmediata a todas las entidades del Gobierno nacional, que deberán definir sus rubros de austeridad. El ministro Gómez Martínez afirmó que se sacrificará «la grasa y la burocracia» y se privilegiará «la inversión y el trabajo de quien trabaja». En noviembre se radicará un proyecto legislativo de recorte estructural que buscará suprimir burocracia, fusionar carteras y reorientar los recursos hacia la inversión productiva y la generación de empleo. Aunque no se han especificado cuáles ministerios se fusionarán o cerrarán, ni el monto adicional que se espera obtener, el Ejecutivo insiste en que la medida es necesaria para liberar recursos.
Acto legislativo para transparentar la gestión parlamentaria
Paralelamente, el Gobierno presentará en los próximos días un acto legislativo que propone que la gestión parlamentaria y los acuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso se desarrollen de manera abierta, a la vista de todos. El vocero Miller Soto declaró: «La gestión parlamentaria es legítima, se reconocerá y se tramitará a la vista de todos». Aunque no se ha revelado el articulado completo, la iniciativa apunta a modificar la relación entre los dos poderes y se enmarca en la estrategia de reorganización estatal anunciada por el presidente de la Espriella. El Gobierno insiste en que el ajuste fiscal es prioritario y que las reformas, tanto la legislativa de noviembre como el acto constitucional, buscan sincerar las cuentas y garantizar que los recursos lleguen a la inversión pública y la generación de empleo.
