En un giro judicial que ha causado conmoción en los círculos políticos y financieros, el Tribunal Superior de Medellín ordenó la devolución de siete propiedades de lujo valoradas en 35.000 millones de pesos al empresario colombiano Álex Saab, apenas ocho días antes de que este se declarara culpable en Estados Unidos por conspiración para lavado de dinero en un esquema de corrupción vinculado al gobierno de Nicolás Maduro. El fallo, fechado el 7 de septiembre de 2026, fue emitido por la Sala de Decisión Penal del tribunal, que consideró que la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Luz Adriana Camargo, no logró probar el origen ilícito de los fondos con los que Saab adquirió los inmuebles ubicados en Barranquilla, Cartagena y Medellín.
La decisión judicial revocó el proceso de extinción de dominio que la Fiscalía había iniciado desde 2020 sobre esos bienes, entre los que se destacan una mansión de 3.740 metros cuadrados en el exclusivo barrio Riomar de Barranquilla, valorada en 28.000 millones de pesos al momento del embargo, un apartamento en el edificio Bellagio al norte de esa misma ciudad, varias propiedades en Cartagena y un lujoso apartamento en la prestigiosa Via Condotti de Roma, cuyo valor se aproxima a los cinco millones de euros. El tribunal argumentó que la defensa de Saab presentó documentación sobre negocios legales en Venezuela desde 2004, incluyendo exportaciones textiles de su empresa Shatex certificadas por autoridades venezolanas, y que el incumplimiento reportado con Bancoldex fue interpretado como una controversia comercial y no como fraude. La caída del comercio colombiano hacia Venezuela en 2009, según el fallo, explicó la interrupción de las operaciones.
Un patrimonio bajo la lupa
La defensa de Saab siempre sostuvo que el patrimonio provenía de actividades comerciales lícitas y que la Fiscalía no presentó indicios suficientes de lavado de activos. El tribunal dio la razón a ese argumento, determinando que no había pruebas contundentes sobre el origen ilícito de los recursos. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando, el 15 de septiembre de 2026, Saab se declaró culpable ante la jueza federal Kathleen M. Williams en una corte de Miami por conspiración para lavar dinero, como parte de un acuerdo cuyos términos se mantienen bajo reserva. En ese marco, el empresario acordó pagar 195 millones de dólares, quedando a la espera de sentencia.
El caso Saab comenzó en julio de 2020, cuando fue capturado en Cabo Verde mientras viajaba a Irán, por un pedido de extradición de Estados Unidos relacionado con el programa de alimentos CLAP en Venezuela. En Colombia, la Fiscalía había iniciado el proceso de extinción de dominio sobre los siete inmuebles desde ese mismo año. Un juzgado de Barranquilla ya había negado la pretensión fiscal el 17 de enero de 2025, pero la Fiscalía apeló y el Tribunal Superior de Medellín confirmó esa negativa el 7 de septiembre de 2026, desatando una controversia que sigue generando reacciones entre expertos jurídicos y analistas políticos.
Las propiedades de lujo y el rastro en Italia
Entre los bienes devueltos también figura un apartamento en Via Condotti, una de las zonas más exclusivas de Roma. La esposa de Saab, Camilla Fabri, fue investigada en Italia por blanqueo de capitales tras un aumento patrimonial acelerado, que incluyó la adquisición de un Range Rover Evoque por 54.500 euros, mientras sus ingresos declarados previos a esas compras eran de apenas 1.800 euros mensuales. Este detalle fue utilizado por la defensa para sostener que los recursos provenían de negocios legítimos, mientras que la Fiscalía italiana sigue indagando posibles conexiones con el entramado financiero de Saab.
El contraste entre la devolución de los bienes en Colombia y la confesión de culpabilidad en Estados Unidos ha generado un intenso debate sobre la coordinación entre las autoridades judiciales de ambos países. Mientras el tribunal colombiano consideró que no se acreditó el origen ilícito, la justicia estadounidense aceptó la culpabilidad de Saab en un esquema de lavado que habría movilizado miles de millones de dólares a través del programa de alimentos CLAP. La sentencia definitiva en Miami podría revelar más detalles sobre el entramado financiero que involucra a altos funcionarios del régimen venezolano y empresarios colombianos.
“El patrimonio proviene de actividades comerciales lícitas, certificadas por las autoridades venezolanas desde 2004. La Fiscalía no presentó pruebas suficientes de lavado de activos.”
Defensa de Álex Saab, argumentación presentada ante el Tribunal Superior de Medellín
El fallo del Tribunal Superior de Medellín deja en evidencia las fisuras del proceso de extinción de dominio en Colombia, donde la carga de la prueba recae en la Fiscalía y, en este caso, no se logró demostrar el origen ilegal de los fondos. Mientras tanto, Saab espera en una celda de Miami la sentencia que podría definir su futuro judicial, y las propiedades de lujo en tres ciudades colombianas y en Roma están nuevamente a su disposición. El caso sigue siendo un símbolo de la compleja relación entre el lavado de activos, la corrupción transnacional y la justicia en ambos países.
