Un fuerte debate por la sostenibilidad fiscal del país se desató en el Congreso de la República, donde el vicepresidente José Manuel Restrepo responsabilizó a la administración del presidente Gustavo Petro por el déficit presupuestal que amenaza con poner en vilo el pago de las pensiones hacia finales de 2026. Durante una reunión con la bancada del Centro Democrático, Restrepo señaló que las actuales dificultades fiscales son herencia de una mala planeación, mientras el Ministerio de Hacienda ya evalúa un congelamiento del gasto público para mitigar el impacto en las finanzas del Estado. El pronunciamiento se da en un clima de incertidumbre por los faltantes que podrían ascender a los $5 billones para el cierre de la vigencia 2026, una cifra que pondría en jaque el sistema pensional y los programas sociales.
El origen de la controversia radica en la advertencia realizada por la ministra de Trabajo, Natalia López, quien durante el encuentro político alertó sobre el hueco presupuestal. Frente a los medios, Restrepo fue enfático al calificar las decisiones del gobierno anterior como una «irresponsabilidad», asegurando que la administración de Gustavo Petro heredó un presupuesto inviable. «El Gobierno anterior dejó un presupuesto para 2027 de mentiras», afirmó el vicepresidente, quien además detalló que dicho documento no contemplaba partidas cruciales para la educación superior, las remuneraciones de los funcionarios públicos y, por supuesto, las pensiones. Restrepo subrayó que el Ejecutivo actual se encuentra corrigiendo dichas falencias, aplicando un plan de ajuste y recorte para garantizar la operación estatal.
Congelamiento del gasto y aumento del salario mínimo
Las declaraciones de Restrepo se producen en un contexto de tensión por el alza desmedida del salario mínimo, que impacta directamente en las arcas del sistema pensional. La administración anterior incrementó el salario en un 23,7% real, muy por encima de la meta de inflación estimada que proyectaba un aumento cercano al 7,5% más un punto porcentual. Este desfase entre las proyecciones y la realidad salarial elevó el costo de las obligaciones pensionales, considerando que cerca del 60% de las pensiones de Colpensiones están ligadas al salario mínimo. El gasto anual en pensiones ronda entre $8 y $9 billones, una cifra que con el nuevo cálculo salarial resulta insostenible sin una redistribución de recursos.
El ministro de Hacienda, quien también ha sido portavoz de la crisis, ha manifestado que para el presente año y el próximo se tomarán decisiones drásticas para eliminar o congelar partidas del Presupuesto General de la Nación. «Tanto este año como el próximo, tomará decisiones para eliminar o congelar gasto público, con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los programas sociales en Colombia», puntualizó Restrepo, quien insistió en que la prioridad es blindar la inversión social. Las medidas implicarían una redistribución de recursos durante el último trimestre de 2026, una acción que se suma a la propuesta de conseguir $6,5 billones adicionales para el año 2027.
«Eso fue una irresponsabilidad del gobierno anterior. ¿Qué está haciendo este gobierno? Corrigiendo la irresponsabilidad del gobierno de Petro, del señor Petro y de sus ministros de Estado, quienes solo dejaron un presupuesto de mentiras»
José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República
La situación ha generado alarma entre los gremios y asociaciones de pensionados, que ven con preocupación la posible suspensión de pagos. En este escenario, las cotizaciones de los trabajadores, que para algunos sectores corresponden a un ingreso mensual de $1.750.905, compensan parcialmente el impacto, pero no son suficientes para cubrir un faltante de $5 billones en los últimos tres meses del año para Colpensiones. La administración actual deberá decidir si congela otros rubros del gasto o si busca nuevas fuentes de financiamiento, mientras el país espera que las medidas correctivas no afecten la estabilidad económica de los adultos mayores que dependen de su mesada pensional.
