En una decisión que marca un hito en el largo proceso judicial derivado de la toma y retoma del Palacio de Justicia de Bogotá, el coronel en retiro del Ejército Nacional Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente por un jurado federal en Estados Unidos. El veredicto, que se conoció el jueves 17 de septiembre de 2026, puso fin a un proceso civil que había sido promovido por familiares de víctimas de los hechos ocurridos en noviembre de 1985, quienes buscaban establecer responsabilidades por tortura y violaciones de derechos humanos bajo la legislación federal estadounidense que permite demandas por este tipo de crímenes ocurridos en el extranjero.
Tras dos semanas de juicio y más de tres horas de deliberación, el jurado federal, compuesto por doce miembros, emitió un fallo unánime a favor del oficial retirado. La demanda civil se adelantó en paralelo a las acciones penales que han tenido lugar en Colombia, donde Plazas Vega ya había sido objeto de procesos judiciales relacionados con los mismos hechos. La defensa del coronel logró convencer al jurado de que no existían elementos suficientes para atribuirle responsabilidad civil por las acciones operativas de la retoma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente del país.
Un proceso bajo la legislación estadounidense
El caso fue posible gracias a una ley federal de Estados Unidos que permite a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero presentar demandas civiles en tribunales estadounidenses. Los demandantes, familiares de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, argumentaban que Plazas Vega había tenido un rol determinante en las acciones que condujeron a desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones. Sin embargo, tras escuchar los testimonios y examinar las pruebas presentadas durante las dos semanas de audiencias, el jurado consideró que no se había demostrado la responsabilidad civil del coronel retirado.
El fallo se produce en un contexto de larga controversia en Colombia, donde la retoma del Palacio de Justicia dejó un saldo trágico de más de un centenar de muertos, entre ellos magistrados de la Corte Suprema, empleados judiciales y guerrilleros del M-19. La decisión del jurado estadounidense, aunque no tiene efectos penales, representa un alivio para el oficial retirado, quien ha mantenido su inocencia a lo largo de los años. La noticia, calificada como «en desarrollo», seguramente generará reacciones tanto en Colombia como entre las organizaciones de derechos humanos que siguen de cerca el caso.
