El senador Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional y presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado, radicó dos proposiciones para modificar el presupuesto de la Nación de 2027 en el sector justicia, con el objetivo de reducir en $100.000 millones el rubro de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladar esos recursos al Consejo Superior de la Judicatura. La iniciativa fue divulgada el pasado 17 de septiembre y plantea que la justicia colombiana requiere con urgencia estos dineros para atender los más de 2,2 millones de procesos que se encuentran rezagados en los despachos judiciales del país.
Gómez argumentó que la JEP, que ha costado aproximadamente $4 billones desde su creación, no ha presentado los resultados esperados en términos de sentencias y cierre de investigaciones, pese a los cuantiosos recursos invertidos. Para el congresista, la reasignación de estos recursos al Consejo Superior de la Judicatura permitiría la creación de nuevos despachos judiciales o la formalización de encargos en la planta de personal, lo que contribuiría a descongestionar los procesos que hoy esperan respuesta. La propuesta deberá contar con el aval del Ministerio de Hacienda y del pleno del Congreso para ser aprobada en el marco del Presupuesto General de la Nación.
La JEP advierte graves consecuencias por el recorte presupuestal
El anuncio de Gómez se conoce en un momento crítico para la JEP, que vio reducido su presupuesto inicialmente solicitado para 2027. Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la jurisdicción, explicó ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que la JEP presentó inicialmente una solicitud de $947.642 millones, pero el Ministerio de Hacienda fijó el monto final en $821.000 millones, lo que representa un recorte de aproximadamente $125.000 millones. Ramelli advirtió que este ajuste ya afecta la fase de cierre de investigaciones, y un recorte adicional de otros $100.000 millones como propone Gómez, tendría consecuencias devastadoras para el funcionamiento de la entidad.
«El tema del presupuesto es dramático… Nosotros presentamos inicialmente un presupuesto de $947.642 millones. Luego, cuando nos lo devolvieron, lo devolvieron en $821.000 millones. Es decir, tenemos un recorte de $125.000 millones»
Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP
Ramelli precisó que los fondos son indispensables para culminar los macrocasos y las imputaciones pendientes, así como para el monitoreo de las sentencias que requieren seguimiento permanente. El presidente del tribunal de paz señaló que, sin estos recursos, será muy difícil que las víctimas del conflicto armado reciban las sentencias que esperan, lo que comprometería los avances en materia de verdad, justicia y reparación que se han logrado hasta la fecha.
«Si nos recortan ese presupuesto, los $125.000 millones, en la fase más crítica de cierre de investigaciones, vamos a tener serios problemas para el monitoreo de las sentencias, para poder cerrar las investigaciones, para que las víctimas por fin tengan unas sentencias»
Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP
Frente a estas advertencias, el senador Gómez insistió en que su propuesta responde a una «necesidad sentida» de la administración de justicia ordinaria, que enfrenta una crisis de congestión sin precedentes. El congresista atribuyó el aumento de los 2,2 millones de procesos a la crisis del sistema de salud, que ha generado una avalancha de tutelas y demandas contra las EPS, situación que asegura es consecuencia directa de las fallas en la implementación de la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa de Gómez tendrá que ser discutida en las próximas semanas en el marco del debate presupuestal, donde deberá demostrar si cuenta con el respaldo necesario para ser aprobada.
