El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves 17 de septiembre a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, abrir una investigación exhaustiva contra Carlos Arturo Robles, rector de la Universidad de La Guajira, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del centro educativo. La instrucción se dio durante una visita del mandatario a Riohacha en el marco de una jornada de empalme con autoridades locales, luego de que se conocieran lo que el propio De la Espriella calificó como “hechos gravísimos” puestos en conocimiento del Gobierno nacional. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta una indagación contra Robles desde octubre de 2025 por sus presuntos nexos con el narcotráfico, específicamente por coordinar envíos de cocaína hacia Estados Unidos en el entramado del denominado “Cartel de La Guajira”, en el que figuran otros ocho implicados.
La orden presidencial se conoce en medio de un complejo escenario judicial para el rector, quien ha estado al frente de la universidad desde 2010. La Contraloría General de la República ya había decretado el embargo de sus cuentas bancarias personales por 18.492.000 pesos, luego de detectar una diferencia de 19.975.000 pesos entre los saldos de caja reportados a marzo de 2022 y los extractos bancarios reales. Además, la Fiscalía incorporó el nombre de Robles en una investigación que avanza bajo expediente privado, y la exministra de Educación Viviane Morales, quien duró menos de un mes en el cargo, había solicitado a ese organismo una asignación especial para dar celeridad a las pesquisas por presuntos vínculos con organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico.
Las cifras detrás de las acusaciones
El patrimonio de Carlos Arturo Robles ha estado bajo la lupa de las autoridades. Según los registros oficiales, desde 1998 el rector figura como propietario de un negocio de comercio mayorista de alimentos, además de actividades en administración empresarial, construcción de obras civiles y apoyo a la extracción de petróleo y gas. A partir de 2024, también aparece a su nombre el local “Sales de Manaure” en la zona norte de Riohacha. Estas revelaciones coinciden con la denuncia que el propio Robles interpuso en septiembre de 2025, en la que asegura haber sido víctima de extorsión por parte de un fiscal antinarcóticos de Bogotá, quien presuntamente intentó coaccionarlo para que comprara un lote vecino a la Universidad de La Guajira por 12.500 millones de pesos, cuando el avalúo real era de apenas 2.500 millones de pesos.
“Quiero que se revisen las actuaciones del señor rector, Carlos Robles, frente a un sinnúmero de hechos gravísimos que han sido puestos en conocimiento del Gobierno nacional”.
Abelardo de la Espriella, Presidente de Colombia
En su defensa, el rector ha asegurado que las acusaciones en su contra son una represalia por haberse negado a participar en una transacción irregular. “Ante mi negativa a participar en esta transacción irregular, comenzaron las amenazas y una serie de actos de persecución que incluyeron la indebida vinculación de mi nombre con actividades ilícitas”, declaró Robles, quien además ha señalado que la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por recursos del Sistema General de Regalías destinados a maestrías y doctorados, aunque la universidad alegó un error involuntario de digitación. Una tutela interpuesta por el rector fue inadmitida por la justicia.
Contexto de violencia y amenazas
La situación se agrava con denuncias de amenazas de muerte que el periodista Alejandro Villanueva, del medio Desigual, ha atribuido directamente a Robles. Mientras tanto, la investigación de la Fiscalía avanza en torno a la estructura criminal conocida como “El Cartel de La Guajira”, que incluye al rector y a otros ocho implicados en el presunto envío de cocaína a Estados Unidos. El presidente De la Espriella fue enfático al ordenar la investigación desde Riohacha, en medio de un clima de tensión que mantiene en vilo a la comunidad educativa y a las autoridades locales, a la espera de los resultados de las pesquisas que ahora deberá adelantar el Ministerio de Educación.
