El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático y la votación más alta obtenida en la presente legislatura, arrojó un duro calificativo contra los impuestos saludables al tildarlos de “estafa a los colombianos”. El congresista anunció que promoverá el desmonte de estos gravámenes a través de un proyecto de ley que radicará junto con la representante Carol Borda, luego de considerar que no han cumplido con el propósito de mejorar la salud pública del país. La iniciativa deberá ser discutida en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, cuyo presidente, Alfredo Cuello Baute, tiene la responsabilidad de citar el debate correspondiente.
Los impuestos saludables, que gravan las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados con un recargo adicional que alcanza el 20% en el caso de estos últimos, se implementaron a partir de la Ley 2277 de 2022 y comenzaron a regir en noviembre de 2023, con un esquema progresivo que llegó a su tope máximo en el año 2025. Briceño denunció que el recaudo anual proveniente de estos tributos supera los 3 billones de pesos, pero que estos recursos no tienen una destinación específica al sistema de salud, sino que van al presupuesto general de la Nación, lo que a su juicio contradice el discurso oficial con el que se impulsaron.
Datos del Dane y Fenalco respaldan la crítica del representante
El representante sustentó su postura con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que evidencian un impacto desproporcionado en los hogares de menores ingresos, quienes destinan hasta 4,7 veces más de su presupuesto a la compra de gaseosas y maltas en comparación con los hogares de mayores ingresos. Adicionalmente, citó un estudio de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) según el cual el 67% de las tiendas de barrio del país resultaron afectadas por esta medida, con una caída en sus ventas del orden del 25,4%. El impacto golpea directamente a cerca de 450.000 establecimientos de este tipo, de los cuales dependen más de un millón de familias, en su mayoría pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
“Los impuestos saludables son una estafa a los colombianos. Un impuesto que se justifica en el nombre de la salud pública debería, como mínimo, mejorar la salud pública, y este no lo ha hecho”
Daniel Briceño, representante a la Cámara
Durante su intervención, el congresista puso sobre la mesa lo que ocurrió en México, país que adoptó medidas similares años atrás, para demostrar que este tipo de tributos no genera los efectos esperados. Según Briceño, en ese país el consumo calórico total no se redujo, mientras que el consumo de sodio aumentó un 5%, el de colesterol un 6% y el de grasas un 1%, sin que se registrara un cambio significativo en el índice de masa corporal de la población. Estos argumentos fueron esbozados para reforzar su propuesta de eliminar por completo estos impuestos, e incluso se mostró en contra del proyecto alternativo radicado por el representante Juan Loreto Gómez, que plantea retirar únicamente el impuesto a los ultraprocesados manteniendo el de las bebidas azucaradas, al considerar que esa diferenciación carece de explicación técnica y de sustento.
La relación tributaria entre el Estado y los colombianos debe construirse con la verdad sobre la mesa, sostuvo el representante, quien insiste en que se debe devolver la libertad de elección a los ciudadanos. En contraste con los impuestos, Briceño propone conservar el etiquetado frontal de advertencia como mecanismo de información, de manera que los consumidores decidan qué comer sin que el precio se convierta en un factor disuasivo. El debate quedó en manos del presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, quien deberá decidir cuándo se somete a consideración la iniciativa en la corporación.
“Que sea el Congreso, y no el silencio, quien decida si el Estado les sigue cobrando a los colombianos por lo que deciden comer, o si por fin les devuelve la libertad de elegir”
Daniel Briceño, representante a la Cámara
Cabe recordar que la Corte Constitucional ya se pronunció al respecto y declaró exequibles los artículos demandados de la Ley 2277 de 2022 mediante las sentencias C-006/26 y C-020/26, y que durante el trámite legislativo el Congreso modificó algunos umbrales y excluyó del gravamen productos como salchichón, mortadela, arequipe, pan, leche y quesos. El impuesto a los ultraprocesados alcanza actualmente productos tan cotidianos como cereales de desayuno, galletas, embutidos, leche en polvo, mantequilla y chocolate, situación que ha generado un amplio debate sobre la verdadera efectividad de estas medidas fiscales y su impacto en la canasta familiar de los colombianos.
