Un reciente informe de inteligencia al que tuvo acceso el medio nacional Semana reveló que el Eln, las disidencias de las Farc y otras estructuras ilegales mantienen presencia o interés en reclutar jóvenes en al menos diez universidades públicas de Colombia, con el objetivo de instrumentalizar a los estudiantes y promover escenarios de desestabilización urbana. El documento, que encendió las alarmas en los organismos de seguridad del Estado, detalla que los grupos armados buscan infiltrar los colectivos estudiantiles para capitalizar el inconformismo juvenil y radicalizar sus acciones, en un esquema que ya habría sido utilizado durante las protestas de 2021. Las instituciones educativas en las que se identificaron células clandestinas están ubicadas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Popayán y Neiva, aunque el informe también advierte sobre el interés de estos actores armados en universidades de ciudades como Tunja, Armenia, Manizales, Ibagué, Fusagasugá y Villavicencio.
La principal amenaza, según el reporte, se concentra en la intención de los grupos ilegales de generar procesos de clandestinización al interior de los campus que les permitan dinamizar acciones vandálicas y afectar a la fuerza pública. «Una de las estrategias que han desplegado los grupos armados ilegales se ha concentrado en instrumentalizar a jóvenes con pensamientos revolucionarios. También buscan conexiones con grupos dinamizadores de eventos violentos, con quienes establecen canales de coordinación, financiamiento e instrucción en tácticas para afectar a la Policía», advierte el documento de inteligencia citado por Semana. Las autoridades identificaron que el principal canal de captación es el contacto directo con colectivos estudiantiles afines ideológicamente y el uso de redes sociales para exacerbar las manifestaciones juveniles, en un esquema que clasifican como «colectivos clandestinos e ideológicos, redes de apoyo y simpatizantes».
Reclutamiento en áreas campamentarias y financiación ilegal
El informe detalla además el modus operandi de estas estructuras, que movilizan a los jóvenes hacia áreas campamentarias para que reciban formación en el uso de armas de fuego, preparación y adecuación de artefactos explosivos, así como conocimiento de la ideología particular de cada grupo armado ilegal. «Algunos de estos adolescentes se quedan en las filas de las estructuras armadas que se encuentran en áreas rurales y otros retornan a los centros urbanos a replicar lo aprendido», señala el reporte, evidenciando un ciclo de adoctrinamiento y acción violenta que preocupa a las autoridades. Frente a este panorama, las fuentes de financiación identificadas por los investigadores incluyen giros directos desde las organizaciones armadas para logística y fabricación de artefactos explosivos, el autosostenimiento de las células a través de la venta de estupefacientes, el hurto, la extorsión y el control del microtráfico al interior de las instituciones, y el probable uso de recursos públicos canalizados por actividades comunitarias, como huertas locales apoyadas por las alcaldías.
El informe de inteligencia también pone la lupa sobre militantes de estos grupos que ya tienen reconocimiento al interior de las organizaciones sociales y los campus universitarios, lo que facilitaría el proceso de infiltración. «Sospechamos que puede ser el mismo esquema que se usó ese año, de usar el inconformismo de la gente para justificar el terrorismo», manifestó un uniformado que participó en la investigación, haciendo referencia a los estallidos sociales de 2021 y a la estrategia de los grupos armados de preparar artefactos explosivos contra la Policía e infraestructura estatal. La alerta se produce en el marco de un proceso creciente de formación y reclutamiento de jóvenes en zonas campamentarias, una amenaza latente que mantiene en alerta a las universidades públicas del país y que exige una respuesta coordinada de las autoridades para evitar que los centros educativos se conviertan en escenarios de confrontación y desestabilización.
«La principal amenaza se concentra en los intereses de los grupos armados ilegales de generar procesos de clandestinización que les permitan dinamizar acciones vandálicas y escenarios de desestabilización urbana»
Reporte de inteligencia citado por Semana
