La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró formalmente el inicio de la ejecución de las sanciones propias contra siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc, quienes fueron condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con secuestros durante el conflicto armado. La decisión fue emitida el 18 de septiembre de 2026 por la Sección de Primera Instancia de la JEP, en cumplimiento de la Sentencia TP-SA-SP 620 del 25 de junio del mismo año. Entre los sancionados se encuentran Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante de la guerrilla; Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental; Milton de Jesús Toncel Redondo, comandante del Bloque Sur; Pablo Catatumbo Torres Victoria, del Bloque Occidental; Pastor Lisandro Alape Lascarro, del Bloque Magdalena Medio; Julián Gallo Cubillos, del Frente Urbano Antonio Nariño; y Rodrigo Granda Escobar, quien fungió como canciller de las Farc. Todos ellos deberán someterse a un monitoreo electrónico permanente mediante dispositivos móviles o relojes que transmiten su ubicación en tiempo real y están vinculados a geocercas definidas según las fases de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador (TOAR).
El componente retributivo de estas sanciones implica restricciones efectivas a los derechos y libertades de los comparecientes, quienes además deberán ejecutar actividades restaurativas en siete regiones del país para reparar a las víctimas. Las regiones designadas son Bogotá, noroccidente (Antioquia), oriente (Caquetá y Meta), Caribe (Bolívar y Cesar), suroccidente (Huila, Putumayo y Nariño), nororiente (Santander), y centro y suroriente (Casanare, Vaupés y Sumapaz). Las tareas restaurativas incluyen desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, infraestructura rural y urbana, protección ambiental y acciones de memoria histórica. La duración de las sanciones varía según cada caso: Rodrigo Londoño Echeverri deberá cumplir 8 años; Jaime Alberto Parra Rodríguez, 7 años, 10 meses y 2 días; Milton de Jesús Toncel Redondo, 7 años, 8 meses y 25 días; Pablo Catatumbo Torres Victoria, 8 años; Pastor Lisandro Alape Lascarro, 6 años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo Cubillos, 6 años; y Rodrigo Granda Escobar, 5 años.
Cómo funcionará el monitoreo y la vigilancia
La Oficina Asesora de Monitoreo Integral (OAMI) de la JEP será la encargada de vigilar el sistema de monitoreo electrónico las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los dispositivos asignados a cada sancionado registrarán desplazamientos, hora, dirección y nivel de batería, pero tienen bloqueadas las funciones de audio y video para garantizar la privacidad. Si un compareciente abandona el perímetro autorizado sin permiso, se genera una alerta automática. Los sancionados tienen la obligación de mantener y cargar los dispositivos, atender las alertas, validar su identidad y reportar de inmediato cualquier pérdida, hurto o falla del equipo. La entrega, instalación y capacitación para el uso de estos dispositivos estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, mientras que la vigilancia en terreno será realizada por la misma Jurisdicción, con acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).
“OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz mediante Sentencia TP-SA-SP 620 del 25 de junio de 2026, por la cual se confirmó parcialmente la Sentencia TP-SeRVR-RC-ST 001 del 16 de septiembre de 2025 proferida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad contra el último Secretariado de las FARC-EP en el marco del Caso 01”.
Sección de Primera Instancia de la JEP, auto del 18 de septiembre de 2026
Este proceso representa la ejecución formal de las sanciones propias contra el último secretariado de las Farc en el marco del Caso 01 de la JEP, que investiga los secuestros cometidos durante el conflicto armado. Las sanciones propias, contempladas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, buscan combinar la restricción de derechos y libertades con acciones concretas de reparación a las víctimas. Con el inicio de este monitoreo electrónico y la puesta en marcha de las actividades restaurativas, la JEP da un paso clave en la implementación de la justicia transicional, garantizando que los responsables contribuyan directamente a la reconstrucción del tejido social en las regiones más afectadas por la violencia.
