La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) salió al paso de la controversia generada por el documental «Colombia, fábrica de niños trans» y las actuaciones judiciales relacionadas con este tema, para reiterar que en el país no se practican cirugías de reafirmación de género a personas menores de edad. A través de un comunicado público, el gremio que agrupa a las distintas sociedades científicas del país entregó un contundente mensaje frente a lo que consideran una distorsión de la realidad clínica que podría generar incertidumbre y alejar a las familias de los servicios de salud cuando más lo necesitan.
El pronunciamiento de la ACSC surge en medio de los señalamientos contra el doctor Mario Ángulo, especialista en endocrinología pediátrica, quien en los últimos días ha sido objeto de críticas y descalificaciones a raíz del contenido del documental dirigido por el creador de contenido mexicano Samuel Adrián y producido por Somos Fundamento. Frente a esta situación, la asociación expresó su respaldo al galeno y advirtió que presentar estas intervenciones como un hecho comprobado «distorsiona la realidad clínica, incrementa la incertidumbre de las familias y puede alejarlas de los servicios de salud cuando requieren orientación y acompañamiento profesional».
El respaldo de la jurisprudencia y la guía del Ministerio de Salud
Para sustentar su posición, la ACSC hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional consignada en las sentencias T-421 de 2020, T-218 de 2022, T-199 de 2023 y T-436 de 2025, así como a la Guía para la Atención Integral en salud de personas trans del Ministerio de Salud y Protección Social publicada en 2025. Estos documentos, según el gremio, establecen los lineamientos que rigen la atención de niños y adolescentes que exploran su identidad de género, la cual debe ser individual, gradual e interdisciplinaria. En este sentido, la asociación insistió en que la legítima controversia «no justifica la difusión de afirmaciones no verificadas, las generalizaciones, la estigmatización ni el descrédito de pacientes, familias o profesionales de la salud».
El comunicado de la ACSC también fijó su postura frente a la manera como deben tramitarse las diferencias de criterio en este ámbito. Para la organización, las discrepancias legítimas deben resolverse «mediante discusión académica seria, revisión de las pruebas y respeto irrestricto por el derecho fundamental al debido proceso de las personas». De esta forma, rechazaron cualquier tipo de descalificación personal hacia los profesionales de la salud y pidieron que se adopten criterios para una comunicación pública responsable que evite estigmatizaciones.
«En Colombia no se realizan cirugías de reafirmación de género a personas menores de edad»
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas
La propuesta de una mesa técnica nacional
Como parte de sus planteamientos, la ACSC elevó una solicitud formal a la Comisión Séptima del Congreso de la República para la creación de una mesa técnica nacional que sea plural e interdisciplinaria. El objetivo de este espacio sería construir un marco normativo que responda a las necesidades reales del país en esta materia. De acuerdo con la propuesta, en dicha mesa participarían el Gobierno nacional, la Corte Constitucional, el propio Congreso, las sociedades científicas, especialistas en bioética, salud pública, salud mental y desarrollo infantil, así como pacientes, familias, academia, sociedad civil y autoridades competentes. La asociación advirtió que la atención de esta población debe fundamentarse en la ética profesional, la bioética, la dignidad humana, la autonomía progresiva y el interés superior de la niñez, siempre con la participación informada de las familias o cuidadores.
El llamado de la ACSC llega en un momento de fuerte debate público y mediático, en el que las sociedades científicas buscan poner un punto de referencia frente a la desinformación y las afirmaciones sin sustento científico que circulan en torno a la atención de menores con identidades de género diversas. La organización insistió en que la protección de los derechos de los pacientes y de las familias debe prevalecer por encima de cualquier controversia, y que el camino para resolver las diferencias es el diálogo académico serio y la revisión rigurosa de las pruebas, no la estigmatización ni el descrédito.
