El ministro de Justicia de Colombia, Iván Cancino, reveló en una entrevista con la revista Semana que el Gobierno nacional estudia una ambiciosa reorganización del sistema penitenciario del país, que contempla el traslado del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) del Ministerio de Justicia al Ministerio de Defensa, así como la construcción de diez megacárceles, pabellones de alta seguridad y un buque cárcel para recluir a los delincuentes de mayor peligrosidad.
La propuesta, que se enmarca en los planes de la administración de Abelardo de la Espriella, busca replantear el funcionamiento de una entidad que hoy enfrenta graves problemas de seguridad y gobernabilidad al interior de los centros de reclusión. Según explicó el funcionario, el eventual traspaso del Inpec a la cartera de Defensa responde a una lógica institucional, pues se trata de una fuerza armada que por su naturaleza debería operar bajo el mando del Ministerio de Defensa. El ministro fue enfático al señalar que «el problema nunca ha sido de las instituciones, ha sido de las personas. Pero sí hay que dar un debate muy fuerte, y es que no se le olvide que el Inpec es una fuerza armada y las fuerzas armadas deben estar bajo el mando del Ministerio de Defensa».
Un plan integral para la seguridad penitenciaria
La iniciativa contempla la edificación de diez megacárceles que estarían ubicadas en zonas alejadas de la población civil, con el propósito de garantizar mayor control y seguridad. Además, se proyecta la construcción de pabellones de alta seguridad y un buque cárcel, este último concebido como una medida excepcional para un grupo específico de internos que continúen delinquiendo desde las prisiones o que sigan ordenando homicidios desde los centros de reclusión. Frente a la pregunta de quiénes serían recluidos en esa embarcación, el ministro fue tajante: «Por supuesto, los peores y los que delinquen».
«Los han amenazado, los han matado y han tenido y contarán con todo mi respaldo»
Iván Cancino, ministro de Justicia, sobre los funcionarios del Inpec
El ministro también abordó el tema de los funcionarios del Inpec, quienes han sido víctimas de amenazas y atentados por parte de organizaciones criminales que operan dentro de las cárceles. En ese sentido, expresó su respaldo incondicional al personal de la entidad y aclaró que el Gobierno no estigmatiza su labor. «En el Inpec hay gente muy buena, muy profesional, que también podrá ser considerada para todo lo que el Gobierno pueda estar planteando», afirmó Cancino, en un intento por disipar las tensiones que ha generado la propuesta entre los trabajadores del instituto.
La discusión sobre el futuro del sistema penitenciario también plantea la posible participación del sector privado tanto en las obras de infraestructura como en las labores de guarda y vigilancia. Asimismo, el ministro pidió a los jueces priorizar la seguridad colectiva al momento de determinar las condiciones de reclusión de los internos, incluso por encima de las visitas familiares, un llamado que ha generado un intenso debate en el ámbito judicial y de derechos humanos. La propuesta, que por ahora es solo una alternativa en estudio, promete encender la discusión en el país sobre cómo enfrentar la crisis carcelaria y el accionar de las bandas criminales que operan desde las prisiones.
