La Defensoría del Pueblo le solicitó al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que precise los límites estrictos para el ingreso de la fuerza pública a las universidades públicas del país, advirtiendo que la protesta pacífica no justifica una intervención policial. A través de un comunicado público difundido el domingo 20 de septiembre, el organismo de control respondió al anuncio que el mandatario realizó una semana antes, el 13 de septiembre, cuando informó la creación de un protocolo nacional de actuación para que la Policía pueda actuar en los campus universitarios ante hechos de violencia, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público.
La Defensoría reconoció que existen circunstancias excepcionales que habilitan la presencia de la fuerza pública en las universidades, como la flagrancia, y en esos casos no se requiere, como regla general, autorización previa de las autoridades universitarias. Sin embargo, el organismo enfatizó que ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas y que toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación. El comunicado subrayó que la historia del país exige especial cuidado frente a las intervenciones en escenarios universitarios y que proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos, pero garantizar el orden público tampoco puede significar restringir indebidamente la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica o los demás derechos fundamentales.
Autonomía universitaria y protesta pacífica
La Defensoría recordó que la autonomía universitaria está reconocida en el artículo 69 de la Constitución Política, que protege la autodirección, autorregulación y libertad académica de las instituciones de educación superior. Asimismo, señaló que las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de disenso político forman parte de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión de la comunidad universitaria. En ese sentido, el organismo de control exigió que la respuesta estatal se concentre únicamente en quienes cometan actos violentos y no se extienda a quienes protestan pacíficamente.
«Existen circunstancias excepcionales en las cuales la Fuerza Pública puede intervenir al interior de una universidad. La flagrancia es una de ellas y, en estos casos, no se requiere como regla general autorización previa de las autoridades universitarias. Sin embargo, ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación».
Defensoría del Pueblo, comunicado público
El presidente Abelardo de la Espriella, al anunciar el protocolo nacional, aseguró que la autonomía universitaria no está en discusión, pero advirtió que las universidades no pueden ser territorios sustraídos de la Constitución, la ley o la autoridad legítima del Estado. «He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades», afirmó el mandatario en su declaración del 13 de septiembre.
«A quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la fuerza pública, les digo con absoluta claridad, la autonomía universitaria no es una patente de impunidad».
Abelardo de la Espriella, presidente de la República
El llamado de la Defensoría del Pueblo busca que el protocolo gubernamental, que contempla a la Policía Nacional como primera autoridad operativa, no derive en una restricción indebida de los derechos fundamentales. La discusión queda abierta mientras el Ejecutivo define los alcances de la medida y la comunidad universitaria observa con atención los límites que se impondrán a la intervención de la fuerza pública en los campus del país.
