El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió este jueves al magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), rechazando el contenido de la carta que el alto funcionario envió a la Corte Penal Internacional (CPI) para alertar sobre un presunto riesgo a la independencia del tribunal transicional. A través de una publicación en su cuenta oficial de X, antes Twitter, De la Espriella defendió la reasignación de fondos hacia la justicia ordinaria y negó cualquier interferencia judicial, afirmando que la discusión sobre recursos y propuestas legislativas no afecta la independencia de los jueces.
La polémica se originó cuando Ramelli dirigió el oficio PRS-239-2026 a los fiscales adjuntos de la CPI, Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, denunciando una posible afectación a la autonomía y funcionamiento de la JEP debido a un recorte presupuestal y una reforma constitucional que establecería la revisión judicial automática de las sentencias de la JEP por parte de la Justicia Penal Militar. En su carta, fechada el 18 de septiembre de 2026, Ramelli advirtió que someter las decisiones del tribunal de paz a esa revisión alteraría la estructura y las competencias del esquema judicial establecido en el Acuerdo Final de Paz.
Dura respuesta presidencial
De la Espriella calificó la comunicación de Ramelli como improcedente y aseguró que la fijación de una posición del Gobierno y el debate en el Congreso sobre el Presupuesto General de la Nación no constituyen una amenaza contra ningún juez. “Es la Constitución funcionando”, escribió el mandatario en su cuenta @ABDELAESPRIELLA/X. Añadió que no acepta que cada peso no aprobado se presente como un castigo, pues los recursos públicos no son infinitos y la discusión presupuestal debe entenderse como responsabilidad fiscal, no como asfixia institucional.
El presidente señaló que la JEP ha recibido más de $3 billones desde su creación en 2018, y detalló las asignaciones de los últimos años. Para 2025, el tribunal transicional obtuvo $777.069 millones, mientras que para 2026 se le asignaron cerca de $744.659 millones. La solicitud de presupuesto de la JEP para 2027 alcanzó los $947.642 millones, pero el proyecto del Gobierno solo contempla $821.803 millones, una diferencia de $125.839 millones que originó el pronunciamiento de Ramelli. Además, hay una propuesta de trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, y Ramelli alertó de un desfase acumulado de $84.663 millones.
“Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, afirmó Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella, Presidente de Colombia
De la Espriella también puso el foco en los gastos administrativos de la JEP, cuestionando la magnitud de su aparato burocrático frente a los resultados judiciales. Recordó que las primeras decisiones restaurativas del tribunal se produjeron apenas en 2025, y que el volumen de resultados no corresponde con la dimensión de su estructura. Citó cifras difundidas en el debate público sobre los salarios de los magistrados: el presidente de la JEP pasó de recibir aproximadamente 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente, con ingresos acumulados estimados en alrededor de $4.500 millones desde su llegada al tribunal. “Antes de denunciar una asfixia institucional, exijo que la JEP explique cómo planea, cómo ejecuta, en qué prioriza sus recursos y por qué necesita más dinero cuando el país enfrenta una realidad fiscal estrecha”, escribió el mandatario.
Contexto de la controversia
La carta de Ramelli también advirtió sobre los riesgos que un eventual recorte presupuestal implicaría para la protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales. El presidente de la JEP detalló que se necesitan $62.478 millones para convenios con la Unidad Nacional de Protección y $29.362 millones para arriendos, servicios públicos y mantenimiento. Sin embargo, De la Espriella insistió en que su prioridad es fortalecer la Rama Judicial ordinaria ante la congestión de despachos, y que ningún juez es intocable frente al deber de rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
La respuesta del presidente se dio exclusivamente a través de su cuenta oficial de X, sin que hasta el momento se haya emitido un comunicado formal desde la Casa de Nariño. El debate sobre la independencia judicial y el presupuesto de la JEP continúa abierto, mientras el Congreso avanza en la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.
