El Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali impuso una sanción de cinco días de arresto y una multa económica de más de 8 millones de pesos al alcalde de Cali, Alejandro Eder, al hallarlo responsable de desacatar una orden judicial que le exigía entregar información detallada sobre cuatro convenios firmados entre la administración distrital y la entidad privada Propacífico. La decisión, adoptada el pasado 17 de septiembre por el juez Carlos Julio Restrepo Guevara, se originó tras un incidente de desacato presentado por el abogado Elmer José Montaña Gallego, quien había solicitado los documentos desde el pasado 23 de abril de 2026 sin obtener una respuesta satisfactoria.
La controversia comenzó cuando el togado elevó un derecho de petición exigiendo conocer los pormenores y soportes contractuales de cuatro convenios suscritos entre la Alcaldía de Cali y Propacífico. Ante la falta de una respuesta de fondo, Montaña Gallego interpuso una acción de tutela que fue fallada a su favor el 13 de agosto de 2026. En dicho fallo, se ordenó a la administración distrital que, en un plazo perentorio de tres días, respondiera de manera clara, puntual y precisa a todas las solicitudes del peticionario. Sin embargo, la Alcaldía remitió su respuesta hasta el 4 de septiembre, a través del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, documento que a juicio del despacho judicial resultó insuficiente y no subsanó el incumplimiento.
Juez determinó que la respuesta no fue clara ni precisa
En el auto interlocutorio que ordenó la sanción, el juzgado fue contundente al señalar que “no se observa en los documentales arrimados respuesta de manera clara, puntual y precisa a las peticiones presentadas por el accionante”. El despacho agregó que, además de considerar que los documentos entregados no resolvían de fondo lo solicitado, no halló constancia alguna de que dicha información hubiera sido enviada al correo electrónico del abogado solicitante, lo que reforzó la conclusión de que la orden de tutela fue desacatada. Como consecuencia directa, se impuso al alcalde Eder, en su calidad de representante legal de la Alcaldía, una pena de arresto de cinco días y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuyo valor asciende a 8 millones 754 mil 525 pesos, que deberán ser consignados en una cuenta del Banco Agrario destinada al pago de multas del Consejo Superior de la Judicatura.
A pesar de la severidad de la medida, desde la administración distrital aclararon que la sanción no se encuentra en firme y, por lo tanto, no tiene aplicación inmediata. La directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública explicó que la decisión “no es definitiva ni tiene aplicación inmediata, toda vez que cuenta por ley con la instancia de consulta ante un juez de superior jerarquía”. En efecto, el expediente deberá ser remitido a un Juzgado Civil del Circuito de Cali, el cual, en virtud del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, tendrá la potestad de confirmar, modificar o revocar la medida. Solo si la sanción es ratificada en segunda instancia, se enviarán las copias correspondientes a la Policía Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura para su ejecución. Adicionalmente, si el valor de la multa no es consignado en el plazo estipulado, se remitirán copias a la jurisdicción coactiva de la administración judicial en Cali para que proceda con su cobro.
«No se observa en los documentales arrimados respuesta de manera clara, puntual y precisa a las peticiones presentadas por el accionante»
Auto interlocutorio del Juzgado Décimo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali
Este caso ha puesto nuevamente en el centro del debate público la relación contractual entre el Distrito de Cali y Propacífico, una entidad privada dedicada a la promoción del desarrollo regional. La solicitud de información, que data del 23 de abril, fue el detonante de un proceso judicial que ahora culmina, al menos en primera instancia, con una sanción contra el mandatario local. Mientras el proceso de consulta se surte, la Alcaldía de Cali no ha emitido un pronunciamiento oficial adicional al de la directora de Gestión Jurídica, a la espera de que sea el superior jerárquico quien defina el futuro de la medida que podría dejar al alcalde Eder tras las rejas por cinco días.
