La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exigió al Gobierno nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar las garantías de seguridad de sus funcionarios en las regiones, luego de la retención de la abogada Sandra Mónica Herrera Gaviria y sus dos escoltas en una vía rural del municipio de Páez, Cauca. El hecho, calificado por la JEP como un secuestro e intimidación contra el ejercicio de la defensa judicial, ocurrió cuando la abogada viajaba hacia La Plata, Huila, y fue interceptada por hombres armados con fusiles y pistolas que la encañonaron junto a sus escoltas durante aproximadamente 40 minutos, para luego llevarse la camioneta blindada de la UNP, las armas de dotación, los proveedores y los chalecos balísticos.
La abogada Herrera, defensora de comparecientes de las antiguas Farc-EP, tenía un esquema de protección asignado desde el 6 de mayo de 2026 por solicitud de la propia JEP, luego de que denunciara intimidaciones previas. Trabaja mediante un convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad), pero la JEP rechazó que esta modalidad contractual pueda usarse para minimizar su vínculo con el sistema de justicia transicional. Los atacantes dejaron incomunicados a los retenidos en el lugar, lo que evidenció la vulnerabilidad de los funcionarios en zonas de riesgo como el Cauca.
Exigencias de la JEP
En un comunicado divulgado el pasado 20 de septiembre, la JEP señaló que “estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura”. Además, en su cuenta en X, la JEP afirmó: “Estos son los riesgos que enfrenta la JEP por su presencia en los territorios”. La entidad solicita una revisión inmediata de los dispositivos de seguridad para su personal fuera de las principales ciudades y pide medidas al Gobierno para sostener el funcionamiento de la justicia transicional en condiciones de seguridad.
“Estar en los territorios para escuchar a las víctimas, realizar diligencias e intervenir con comparecientes no puede significar poner en riesgo la vida de los equipos legales ni de la magistratura”
JEP, comunicado oficial
“Estos son los riesgos que enfrenta la JEP por su presencia en los territorios”
JEP, mensaje en X
La JEP insistió en que la seguridad de defensores, acompañantes técnicos y magistrados debe ser garantizada por las autoridads, y advirtió que la retención evidencia fallas en la proteción de los funcionarios de justicia transicional en zonas de alto riesgo como el Cauca. El llamado urgente busca evitar que estos incidentes se repitan y asegurar la continuidad del trabajo de la JEP en los territorios.
