La hermana mayor de Ana Lucía González, la niña de 8 años hallada sin vida en una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón de Ciudad Bolívar, Bogotá, enfrenta ahora una nueva emergencia humana además del dolor: fue desalojada del apartamento en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, donde residía junto a su pareja, José Rojas Lárez. La orden de salida fue emitida por el propietario del inmueble, quien solo le permitió pasar una última noche en el lugar antes de quedar en la calle. La joven, de 24 años y de origen venezolano como la víctima, atraviesa así una crítica situación de inestabilidad habitacional que se suma a la gestión apremiante por repatriar el cuerpo de su hermana menor a su tierra natal.
De acuerdo con Daniel Solarte, abogado de la familia, el desalojo se produjo de manera imprevista y sin que mediara un proceso judicial en su contra, lo que evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran. La pareja, que llevaba cerca de un año y medio de relación y que residía anteriormente en La Guaira, Venezuela, deberá ahora buscar un nuevo techo mientras continúan los trámites ante las autoridades para el traslado del cuerpo de la pequeña Ana Lucía hasta territorio venezolano, un proceso que demanda recursos con los que la familia no cuenta.
Una familia golpeada y la angustia por el regreso de la menor
El drama de esta familia, de escasos recursos y completamente desprotegida, como lo calificó el propio abogado, se agrava por la premura de conseguir una vivienda digna en medio de la conmoción por el macabro hallazgo. La hermana mayor, quien ahora mismo no tiene un lugar estable donde pernoctar, deberá acompañar a sus allegados en las diligencias funerarias mientras equilibra la búsqueda de un nuevo hogar. El abogado Solarte, en declaraciones a Noticias Caracol, expresó la dura realidad que vive la familia, indicando que se encuentran totalmente desprotegidos ante la repentina decisión del arrendador.
«Se encuentran totalmente desprotegidos»
Daniel Solarte, abogado de la familia
La difícil situación ha llevado al representante legal a hacer un llamado a la solidaridad ciudadana para apoyar no solo con el alojamiento temporal de la hermana y su pareja, sino también para sufragar los costos del traslado de los restos de la menor a Venezuela, donde la familia espera poder darle sepultura. «Estamos hablando de una familia de escasos recursos», enfatizó Solarte, subrayando que la prioridad ahora es doble: encontrar un techo y lograr que el cuerpo de la pequeña no quede en el limbo burocrático que muchas veces implican estas repatriaciones, un proceso que se torna aún más angustioso cuando no hay respaldo económico que lo respalde.
