Una nueva controversia jurídica se tomó el escenario político nacional después de que el senador Iván Cepeda Castro, de la coalición Pacto Histórico, anunciara la interposición de una acción de tutela contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por no haber sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en territorio colombiano. El anuncio se da luego de conocerse que el pasado 27 de agosto tres helicópteros UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos sobrevolaron el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, en una operación que el Comando Sur de ese país calificó como una evaluación operacional.
La acción judicial, que fue revelada a través de la cuenta en la red social X del congresista, busca proteger su derecho fundamental a la participación política, al considerar que la presencia de estas aeronaves y el traslado del general Francis Donovan, comandante del Comando Sur, se realizaron sin la autorización que exige la Constitución Política de Colombia. Precisamente, las imágenes difundidas el 9 de septiembre por el Comando Sur mostraron dos de las tres aeronaves involucradas en la operación, que no solo cubrió el espacio aéreo colombiano sino que también se extendió hasta San Lorenzo, en Ecuador.
La denuncia por la presunta violación constitucional
En su denuncia, el senador Cepeda fue enfático al señalar que su derecho a ser consultado como miembro del Senado fue vulnerado, tal como lo ordena el artículo 173, numeral 4 de la Constitución Política, que exige la autorización de esta corporación para el ingreso de tropas extranjeras al país. «Anuncio que instauraré acción de tutela en contra de Abelardo De la Espriella por haber violado mi derecho fundamental a la participación política. En mi condición de Senador de la República no he sido consultado sobre el ingreso y permanencia de tropas extranjeras en el espacio aéreo y terrestre del país, así como sobre operaciones militares con Estados Unidos en territorio nacional», manifestó el congresista en su cuenta oficial.
De esta manera, la controversia se centra en la interpretación que el Gobierno Nacional le haya dado a la operación militar. Mientras que el senador Cepeda insiste en que se trata de un claro caso de ingreso de tropas que requería el visto bueno del Senado, el artículo 189 de la Carta Magna permite al presidente de la República autorizar esta clase de ingreso en períodos de receso del Congreso, siempre y cuando medie el concepto previo del Consejo de Estado. Este escenario, sumado a que el propio artículo 237 constitucional señala que esta corporación judicial debe ser consultada en casos de tránsito de tropas, buques o aeronaves de guerra extranjeras, genera un panorama complejo que la Corte Constitucional, a través de la tutela del senador, deberá dilucidar.
«Esta intervención militar en nuestro territorio por parte de tropas y aeronaves estadounidenses se ha producido sin la autorización del Senado de la República que debe ser solicitada según lo ordena el artículo 173 numeral 4 de la Constitución Política»
Iván Cepeda Castro, Senador de la República
La acción judicial, además de buscar la protección de los derechos del senador, plantea un debate de fondo sobre los límites de la cooperación militar internacional. A lo largo de los años, el Consejo de Estado ha establecido una diferenciación clave entre el tránsito de tropas extranjeras y el ingreso de integrantes de fuerzas aliadas para actividades de cooperación, una línea jurisprudencial que será fundamental para el desarrollo del caso. En procesos anteriores, esta distinción ha sido el sustento para que operaciones similares no fueran consideradas como una vulneración al artículo 173.
Hasta el momento de la publicación de esta noticia, el Gobierno Nacional no ha emitido ningún pronunciamiento oficial al respecto. Sin embargo, la decisión del senador Cepeda, quien es excandidato presidencial, vuelve a poner en el centro de la discusión pública los protocolos que se deben seguir para cualquier tipo de presencia militar foránea en el país. La polémica se da en un contexto donde la relación bilateral con Estados Unidos es clave en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, lo que hace prever que la decisión que tomen los jueces tendrá implicaciones políticas y diplomáticas de gran calado.
