El Gobierno nacional no avaló ninguna de las 615 proposiciones presupuestales radicadas por el Congreso y, en su lugar, presentó una redistribución de 3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2027, manteniendo el techo de gasto aprobado en 634,9 billones. La propuesta oficial, entregada durante la discusión en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, concentra los ajustes en los sectores de salud, defensa, vivienda, vías y deporte, según informaron fuentes de la Corporación. El Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez —quien no asistió a la reunión por encontrarse en un consejo de ministros—, planteó una reasignación que incluye el traslado de 2 billones de pesos desde la cartera de Hacienda hacia el sector salud y un recorte de 1 billón de pesos al servicio de la deuda, recursos que serán repartidos entre defensa, vivienda, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el deporte.
De acuerdo con los coordinadores ponentes de la Cámara, el Ejecutivo destinó 300.000 millones de pesos a Defensa y los 700.000 millones restantes se distribuirán entre Vivienda, Invías y Deporte. La decisión del Gobierno de no avalar ninguna de las 615 proposiciones radicadas por los congresistas responde a que estas solicitudes superan el margen disponible para redistribuciones sin modificar el techo presupuestal ya aprobado, que asciende a 634,9 billones de pesos. Las restricciones fiscales del país limitan cualquier ajuste que implique aumentar el gasto total, por lo que el Ejecutivo insiste en mantener el monto global y solo reacomodar partidas internas.
Propuesta de recorte a la JEP genera controversia
En medio del debate, el representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez propuso recortar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De ese monto, 70.000 millones se destinarían a programas de habitabilidad rural para víctimas y 30.000 millones a la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, esta iniciativa no cuenta con el aval del Ejecutivo, lo que eleva la tensión en la discusión. La propuesta de Tovar es altamente controversial, pues la JEP es uno de los pilares del sistema de justicia transicional surgido del Acuerdo de Paz de 2016. Además, se suman otras peticiones de los congresistas que no lograron ser incluidas en la redistribución oficial.
El representante John Edgard Pérez, uno de los ponentes, señaló que la discusión refleja dos tensiones principales: las solicitudes del Congreso para redistribuir recursos y el margen limitado del Gobierno para aceptar cambios sin aumentar el gasto total. Si el Ejecutivo mantiene su postura, la distribución final quedaría prácticamente igual a la presentada inicialmente, con solo los ajustes por los 3 billones de pesos. Paralelamente, las facultades extraordinarias incluidas en el proyecto de presupuesto no contarían con suficiente respaldo para ser aprobadas, según fuentes legislativas. La votación definitiva del Presupuesto General de la Nación para 2027 se espera en los próximos días, en medio de un escenario de restricción fiscal y disputas políticas por el destino de los recursos públicos.
