En un comunicado oficial difundido a través de sus canales institucionales, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) salió al paso de las inquietudes que surgieron en redes sociales y medios de comunicación sobre el destino de los recursos del convenio interadministrativo suscrito con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad Colombia). El tribunal de paz aclaró que el valor global destinado al funcionamiento de dicho convenio no equivale al ingreso individual de los abogados que hacen parte del componente jurídico que defiende al último Secretariado de las antiguas Farc-EP, tal como se había sugerido en algunas publicaciones.
La precisión responde a la necesidad de contextualizar el origen y la distribución de los recursos que financian la defensa técnica en el marco del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) y la Secretaría Ejecutiva de la JEP. El convenio, que tiene como propósito ofrecer asesoría jurídica, defensa técnica y acompañamiento psicosocial a los comparecientes, involucra a un equipo interdisciplinario compuesto por abogados, psicólogos, analistas y asesores, entre otros profesionales, por lo que el monto global del contrato debe entenderse bajo esa lógica colectiva y no como una remuneración individual.
Honorarios detallados del componente jurídico del Secretariado
De acuerdo con la información oficial revelada por la JEP, el componente jurídico del último Secretariado de las Farc-EP está integrado por siete abogados con funciones diferenciadas. Dos de ellos, encargados de la defensa jurídica, devengan un honorario mensual de 8 millones 536 mil 421 pesos cada uno. Tres abogados más, que cumplen labores de coordinación jurídica, reciben 10 millones 408 mil 452 pesos mensuales por profesional. A su vez, un abogado adicional en el mismo rol de coordinación jurídica percibe 9 millones 731 mil 522 pesos al mes, mientras que un abogado asesor completa el equipo con una asignación mensual de 9 millones 844 mil pesos. La JEP precisó que este detalle de honorarios corresponde estrictamente al componente jurídico de defensa técnica judicial y no incluye otros rubros del convenio.
«La Jurisdicción aclara que el valor global destinado al funcionamiento del Convenio interadministrativo entre la JEP y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD Colombia) no equivale al ingreso de un abogado o abogados de forma individual»
JEP, comunicado oficial
La entidad recordó que, desde su creación, la Jurisdicción Especial para la Paz ha garantizado el derecho a la defensa y el debido proceso de todas las partes involucradas en el proceso judicial, tanto de las víctimas como de los comparecientes, incluidos los firmantes del Acuerdo Final de Paz y exintegrantes de las Farc-EP. Esta garantía se fundamenta en el artículo 115 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, que establece los principios rectores del sistema de justicia transicional en el país.
Un llamado al escrutinio público responsable
La JEP enfatizó que la defensa técnica es una garantía esencial del debido proceso y un componente estructural de la administración de justicia, por lo que su financiación debe ser objeto de escrutinio público. Sin embargo, la corporación hizo un llamado a que ese escrutinio se realice con base en información completa, veraz, verificable y presentada en su debido contexto, evitando interpretaciones parciales que puedan generar desinformación sobre el manejo de los recursos del sistema de justicia transicional.
«Su financiación debe ser objeto de escrutinio público, pero la JEP hace un llamado a que ese escrutinio parta de información completa, veraz, verificable y presentada en su debido contexto»
JEP, comunicado oficial
La aclaración de la JEP se da en momentos en que la opinión pública ha mostrado un interés creciente por conocer los pormenores de la financiación de los equipos que garantizan el derecho a la defensa en el marco del posconflicto. Con esta precisión, el tribunal busca zanjar las dudas sobre el uso de los recursos destinados a fortalecer el SAAD y la Secretaría Ejecutiva, reafirmando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas frente a la sociedad colombiana.
