La Fiscalía General de la Nación ejecutó el 21 de septiembre de 2026 un segundo operativo de extinción de dominio sobre bienes asociados a Lili Pink, en medio de un proceso que acumula cuatro fallos judiciales que declararon ilegales elementos probatorios y la negativa de una medida de aseguramiento contra los investigados. La defensa de la marca de ropa interior femenina, encabezada por el abogado Andrés Jiménez, anunció que interpondrá una demanda de reparación por las irregularidades que, según su lectura, han marcado la investigación penal. El nuevo operativo ocurre cuando la compañía ya había sido afectada por una primera intervención patrimonial, y ahora las medidas recaen sobre bienes que, de acuerdo con la defensa, no tienen relación con la marca e incluso fueron adquiridos antes de su existencia legal.
El abogado Jiménez fue enfático al señalar que la Fiscalía está aplicando medidas de carácter confiscatorio sobre activos ajenos a la actividad comercial de Lili Pink, y advirtió que estas decisiones afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia. Los propietarios de la empresa, cuyos nombres no han sido revelados individualmente, ven en este nuevo golpe patrimonial una represalia por los fracasos que el ente acusador ha sufrido en las audiencias preliminares. La defensa recordó que cuatro jueces han declarado ilegales pruebas presentadas por la Fiscalía, y que otro magistrado negó la medida de aseguramiento (detención) contra los imputados por considerar que la sustentación no fue suficiente. Pese a ese historial de cuestionamientos, la Fiscalía vuelve a utilizar esas mismas actuaciones para justificar nuevas medidas patrimoniales, aseguró Jiménez en entrevista con Semana.
El operativo y sus alcances
En este segundo operativo, la Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que la defensa considera ajenos a la marca y de carácter confiscatorio. La entidad vinculó al esquema a la empresa Unique International S.A.S., dedicada a la fabricación de preservativos masculinos, a pesar de no tener el mismo objeto social que Lili Pink. La fiscal delegada Alejandra Gómez Freidel justificó la inclusión de esta compañía argumentando que hace parte de las empresas creadas por los mismos miembros de la organización delictiva, y señaló que se encontraron domicilios compartidos con Pinklife S.A.S. y FAS Moda S.A.S., así como movimientos financieros sin respaldo documental.
Durante las diligencias, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) realizó aprehensiones sobre las tres firmas. En Unique International se hallaron elastómeros termoplásticos y documentos a nombre de FAS Moda con remisiones manuscritas, espacios sin completar y productos sobreetiquetados. El decomiso en Unique International ascendió a 149.521.635 pesos, que incluyen esa mercancía sin documentación comercial válida. La defensa, por su parte, insiste en que estas evidencias no demuestran vínculo alguno con actividades ilícitas y que las medidas carecen de sustento legal.
“Nuevas medidas sobre bienes ajenos a la marca. La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según la defensa, no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia. Grave afectación patrimonial. La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”
Andrés Jiménez, abogado defensor de Lili Pink
La investigación penal, que se originó por presunta relación con contrabando y lavado de activos, ha sido cuestionada por la defensa no solo por las decisiones judiciales adversas a la Fiscalía, sino también por el ritmo desigual en el tratamiento de otros casos. Jiménez señaló que mientras este proceso avanza con medidas drásticas contra la empresa, no se evidencian avances en la denuncia de corrupción contra la Dian, lo que sugiere un trato diferenciado. Al cierre de la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó medidas restrictivas de la libertad contra los procesados, una petición que fue negada por el juez de control de garantías. La investigación penal también abrió otras empresas que pudieron ser utilizadas por la supuesta organización delictiva, lo que amplía el espectro de acciones judiciales, aunque la defensa ratifica que las actuaciones de la Fiscalía se fundamentan en pruebas declaradas ilegales y en una estrategia que busca debilitar patrimonialmente a la compañía antes de que se resuelva el fondo del asunto.
