El expresidente Gustavo Petro rechazó contundentemente las acusaciones del testigo de la DEA Juan Fernando Álvarez Meyendorff, quien afirmó haber entregado 12.000 millones de pesos para una campaña del líder de la oposición. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro aseguró que no existe “un solo rastro de su cercanía a mí” durante los 13 años que Álvarez permaneció preso en Estados Unidos, tiempo en el que nunca mencionó al exmandatario.
La controversia estalló luego de que la revista Semana revelara las declaraciones de Álvarez Meyendorff, un empresario vinculado por las autoridades al cartel del Norte del Valle desde finales de los años noventa. Según el testimonio del acusado, habría entregado esa millonaria suma para financiar una campaña de Petro, sin precisar si se trataba de la presidencial o al Congreso. Petro cuestionó esta ambigüedad en su respuesta, señalando que el narco no especifica detalles fundamentales de su acusación.
Petro invierte el sentido de los hechos
El expresidente no solo negó las acusaciones, sino que dio una versión radicalmente distinta de los acontecimientos. Según Petro, la incautación de los bienes de Álvarez Meyendorff, ocurrida en 2025, trece años después de su captura, no tenía como propósito impedir su testimonio ante la justicia estadounidense, como afirma el testigo. Al contrario, Petro sostiene que fue él quien intervino para que esos bienes fueran administrados por el Estado, conforme a la legislación colombiana. “Creo que la situación es diferente: en sus trece años de prisión en Estados Unidos no me mencionó nunca ni hay un solo rastro de su cercanía a mí”, enfatizó.
En su mensaje, Petro se preguntó retóricamente si la justicia de Estados Unidos habría incautado estos bienes por cerca de 700 millones de dólares, o si la incautación de bienes del narcotráfico solo opera en Colombia y no en el país norteamericano. Con esa interrogante, el exmandatario insinuó que las autoridades estadounidenses no habrían actuado con el mismo rigor que las colombianas frente al patrimonio de Álvarez, cuyo valor global estimó en dos billones de pesos, formados según él mediante actividades ligadas al narcotráfico.
“El narco cree que tiene derecho a sus bienes por dos billones a pesar de la comisión de sus delitos para obtenerlos”
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
Petro también negó haber intervenido en la Fiscalía General de la Nación, que investiga a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y defendió la terna de mujeres que presentó para elegir al nuevo fiscal general, asegurando que las seleccionó por su trayectoria en derechos humanos y para evitar la politización del ente acusador. Según el expresidente, la extinción de dominio sobre los bienes de Álvarez no está entre sus competencias legales ni constitucionales, y explicó que la legislación colombiana establece que esos bienes debían pasar a custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), destinando las haciendas al campesinado y las viviendas a universidades públicas y cooperativas.
Finalmente, Petro reveló que nunca recibió de la directora de la SAE información sobre bienes de esa cuantía procedentes de un solo narcotraficante, lo que refuerza su versión de que no tuvo conocimiento directo del caso. Identificó a Álvarez como uno de los “capos invisibles” de Colombia, con una trayectoria delictiva que se remonta a los años noventa, y desestimó la versión del testigo sobre la pérdida de sus bienes como una estrategia para silenciarlo. El expresidente cerró su intervención invirtiendo los términos: si Álvarez tuvo tanto poder económico, ¿por qué no lo mencionó antes y por qué esperó tanto para hacer estas acusaciones?
