El exministro de Justicia Wilson Ruiz anunció que su oficina de abogados asumirá la defensa del director mexicano Samuel Adrián, quien fue detenido la noche del domingo 13 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá por desacato a un fallo judicial que ordenaba retirar su documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’. Adrián llegó a territorio colombiano pese a haber advertido públicamente que podía ser privado de la libertad, y fue trasladado a una dependencia policial dentro de la terminal aérea para ejecutar la sanción impuesta por un juez.
La detención no corresponde a una captura por la comisión de un delito, sino a una sanción derivada de un proceso por desacato iniciado por el médico Mario Angulo, quien aparece mencionado en la producción audiovisual. El director mexicano se negó a retirar el contenido de su documental, que aborda supuestos tratamientos y protocolos médicos para la transición de género en menores, lo que motivó la acción legal. La sanción impuesta incluye diez días de arresto y una multa equivalente a quince salarios mínimos mensuales vigentes, según confirmó el propio Adrián antes de su traslado.
Desde su cuenta en la red social X, Wilson Ruiz manifestó que su despacho acompañará y reforzará la defensa jurídica de Samuel Adrián, en representación de la Fundación Nueva Democracia y de Laura Gómez. El exministro de Justicia indicó que su equipo centrará la estrategia en la protección de la libertad de expresión, la familia y los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Ruiz también destacó que el director del documental llegó a Bogotá pese a haber anticipado que podría ser privado de la libertad, lo que evidencia su disposición a asumir las consecuencias de su labor periodística.
Un debate nacional que se abre paso
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre el caso y señaló que la privación de libertad de Samuel Adrián debe abrir un debate nacional en torno a los límites y prohibiciones de los procedimientos médicos para la transición de género en menores. En su mensaje, el mandatario aseguró que el director mexicano empieza diez días de detención tras denunciar los tratamientos hormonales aplicados a menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles. De la Espriella hizo un llamado directo al Congreso para que legisle sobre la materia.
El jefe de Estado insistió en que no se pueden seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales, y pidió que se establezca un marco normativo claro frente a este tipo de intervenciones médicas. El pronunciamiento presidencial coincide con la postura de los sectores que respaldan al director mexicano, quienes consideran que su caso representa un precedente peligroso para la libertad de expresión en el país.
«Desde mi Oficina de Abogados acompañaremos y reforzaremos la defensa jurídica de Samuel Adrián, en representación de la Fundación Nueva Democracia y Laura Gómez»
Wilson Ruiz, exministro de Justicia
«El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Antes de abordar el vuelo que lo conduciría a Bogotá, Adrián grabó un video en el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá, donde había recibido la notificación de la orden judicial. En esa grabación anticipó su arresto, pidió respaldo al Gobierno mexicano y solicitó a sus seguidores difundir su mensaje. El director mexicano también insistió en que su llegada a Colombia era voluntaria y que buscaba enfrentar el proceso judicial con transparencia, convencido de que la libertad de expresión debe prevalecer en una sociedad democrática.
La defensa de Adrián, ahora liderada por Wilson Ruiz, tendrá el reto de demostrar que la sanción impuesta vulnera derechos fundamentales y que el documental se enmarca en un ejercicio legítimo del periodismo de investigación. Mientras tanto, organizaciones de protección a la infancia y colectivos de la sociedad civil han comenzado a pronunciarse sobre el caso, que promete convertirse en un punto de inflexión en la discusión sobre los límites de la información, la protección de los menores y el papel de la justicia en Colombia.
