En un hecho que refleja la gravedad de la violencia intrafamiliar, Gabriel Antonio Payares Bolívar fue capturado en flagrancia en Santa Marta tras atacar con un machete a su hermana, Juana María Payares Bolívar, en el interior de una vivienda del barrio El Oasis. La agresión, ocurrida el 20 de septiembre de 2026, se desató por una presunta deuda de 40.000 pesos que la víctima le debía al agresor, y le causó una herida en una mano que requirió su traslado a dos centros asistenciales: primero al puesto de salud de Bastidas y luego a la Clínica Bahía, donde fue atendida.
Según el reporte oficial, uniformados de la Estación Bastidas acudieron al lugar tras recibir la alerta y encontraron al agresor aún en la escena, procediendo a su captura inmediata. La víctima fue auxiliada por otra hermana y su cuñado, quienes la llevaron inicialmente al puesto de salud. El caso fue tipificado como lesiones personales agravadas, conforme al artículo 119 del Código Penal colombiano, y quedó a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias exactas y la responsabilidad penal del capturado.
Reacción de las autoridades
«En el Magdalena estamos actuando de manera firme frente a la violencia intrafamiliar. Cada caso que conocemos activa nuestra capacidad de respuesta para proteger a las víctimas y poner a disposición de las autoridades a quienes presuntamente cometen estas agresiones.»
Coronel Alexander Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena
En el marco de esta misma lucha, la Policía del Magdalena reportó otras diez capturas por violencia intrafamiliar en diversos municipios como Plato, Pivijay, Fundación, El Banco y Santa Ana. El departamento se mantiene como uno de los que más casos registra, según las autoridades. Adicionalmente, en un incidente separado ocurrido en Santa Marta, un habitante de calle fue atacado con un cuchillo mientras dormía en el Parque Sesquicentenario en la madrugada del 18 de septiembre, sufriendo una herida en el cuello. Fue auxiliado por transeúntes y trasladado a un centro asistencial, mientras que el agresor, otro habitante de calle, logró escapar. La Policía Metropolitana y la Fiscalía avanzan en las investigaciones para dar con su paradero.
Este caso subraya la necesidad de intervenir en conflictos familiares que escalan a niveles de violencia extrema por motivos económicos, y la importancia de que las víctimas denuncien para que los agresores enfrenten la justicia.
