El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe, reveló un complejo panorama financiero y jurídico que enfrenta la entidad al asumir su cargo, producto de una cascada de litigios generados por el congelamiento de las tarifas de peajes decretado por el gobierno nacional en 2023. En declaraciones a Blu Radio, Ayerbe detalló que la ANI recibió un total de 8 billones de pesos en laudos arbitrales ejecutoriados, mientras que 46 tribunales de arbitramento en curso acumulan pretensiones por 16 billones de pesos. A esto se suman 18 solicitudes de amigable composición que ascienden a la impactante cifra de 86 billones de pesos, evidenciando una presión presupuestal sin precedentes.
El desequilibrio financiero se agrava con un desfase de 2.4 billones de pesos en vigencias futuras, un hueco fiscal que la nueva administración deberá gestionar. Ayerbe señaló que la situación es consecuencia directa del decreto que congeló los peajes el año pasado, el cual desencadenó una ola de demandas por parte de concesionarios y actores contractuales. «Recibimos la ANI con las demandas por la expedición el año pasado del decreto que congeló las tarifas de peajes en el país, que nos generaron una cascada de demandas que hoy estamos sufriendo desde el punto de vista presupuestal», afirmó Ayerbe.
Litigios masivos y contratos revocados
Además de los procesos judiciales, el diagnóstico de la ANI revela graves fallos en materia de contratación. La entidad revocó dos concursos de méritos por un valor conjunto de 57.000 millones de pesos, al encontrar «reglas violatorias a la transparencia, a la selección objetiva y a la pluralidad de oferentes», en palabras del presidente de la agencia. A esto se suma la urgencia de renovar varias interventorías que están próximas a vencerse, lo que obliga a tomar decisiones inmediatas para garantizar la supervisión de los proyectos de infraestructura concesionada en todo el país.
«La litigiosidad de la Agencia es enorme. Hemos recibido, reitero, una Agencia llena de litigios que estamos tratando de empezar a resolver»
Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI
Ante este escenario, la nueva administración de la ANI se encuentra revisando y reestructurando los procesos de contratación revocados para corregir las irregularidades detectadas y avanzar bajo nuevas condiciones. La gestión de Ayerbe inicia así con la titánica tarea de enfrentar una carga litigiosa que supera los 100 billones de pesos en sumas demandadas, mientras busca restablecer el equilibrio financiero de la entidad y garantizar la transparencia en sus procesos contractuales, todo en medio de la controversia heredada por la congelación de las tarifas de peajes.
