Colpensiones solicitó formalmente a la Corte Constitucional un aplazamiento de un año en la entrada en vigencia de la reforma pensional, con el objetivo de que esta comience a regir el 1 de abril de 2028 y no en la fecha inicialmente prevista de abril de 2027. La petición, presentada el martes 22 de septiembre a las 3:40 de la tarde, fue elevada por el representante legal de la entidad, Diego Alejandro Urrego, quien argumenta la necesidad de un despliegue técnico, administrativo, financiero y tecnológico de gran magnitud para garantizar una implementación ordenada de la Ley 2381 de 2024.
En una carta dirigida a los magistrados de la Corte Constitucional, Colpensiones calificó como “titánico” el desafío operativo que representa la puesta en marcha de la reforma, especialmente por la articulación de los pilares solidario, semicontributivo, de prima media y contributivo de capitalización. La entidad identificó un total de 84 requerimientos pendientes al 31 de agosto de 2026, de los cuales 62 son directos de la reforma y 22 corresponden a proyectos asociados como la “Estrategia Digital” y la “Fase II SNP”. Estas tareas incluyen la migración masiva de afiliados, la interoperabilidad entre sistemas, la ciberseguridad, las pruebas de volumen y la certificación de plataformas, elementos que consideran esenciales para evitar afectaciones al mínimo vital de los afiliados y proteger la seguridad jurídica y la confianza legítima.
Un año adicional para garantizar la implementación
La solicitud de Colpensiones se enmarca en lo que denominan una “modulación excepcional de los efectos temporales de la Sentencia C-264 de 2026”, mediante la cual la Corte Constitucional declaró mayoritariamente exequible la reforma pensional y fijó su inicio para abril de 2027. Sin embargo, la entidad advierte que el proceso no solo involucra a Colpensiones, sino también a las administradoras de fondos privados, entidades de recaudo, oficinas de talento humano y órganos de control. La ampliación del plazo, según la entidad, permitiría completar el despliegue técnico y administrativo sin poner en riesgo a los 29.061 nuevos pensionados por vejez que se proyectan para 2027 bajo las modalidades de la reforma. Además, Colpensiones solicitó que su petición sea tramitada de manera preferente y pidió vincular al proceso al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Trabajo y a Asofondos, dado que la implementación implica un aumento significativo del gasto en pensiones y jubilaciones para financiar las nuevas prestaciones.
“Solicitud excepcional de modulación de los efectos temporales de la Sentencia C-264 de 2026 respecto de la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024”
Colpensiones, en su carta a la Corte Constitucional
Mientras la Cámara de Representantes subsana el trámite legislativo de algunos artículos devueltos por la Corte, el futuro de la reforma pensional queda en manos de los magistrados, quienes deberán decidir si conceden el año adicional solicitado. Colpensiones insiste en que el tiempo extra es indispensable para una implementación ordenada que proteja los derechos de los afiliados y evite traumatismos en el sistema pensional colombiano.
