El senador Enrique Gómez presentó ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que busca reformar la justicia transicional colombiana al establecer un plazo improrrogable de 10 años para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo vencimiento se proyecta para 2028. La iniciativa, que modifica el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, ha generado un fuerte rechazo por parte de la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico y exministra de Salud, quien asegura que la propuesta pretende «asfixiar presupuestamente» la jurisdicción y desconoce los mecanismos establecidos en el sistema de justicia transicional derivado del Acuerdo de Paz de 2016.
La propuesta de Gómez plantea que el plazo para la conclusión de las funciones de la JEP sea de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de sus salas y secciones. Además, establece que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas tendría un plazo de dos años para recibir informes, prorrogable hasta un máximo de tres años, salvo causas excepcionales debidamente motivadas que permitan una extensión moderada. Una vez cumplido ese período, la justicia ordinaria se encargaría de aplicar las sentencias durante los cinco años posteriores.
Las cifras del debate y la respuesta de Corcho
Carolina Corcho cuestionó duramente la iniciativa a través de su cuenta en X, donde recordó que hay 300.000 víctimas acreditadas en los macro casos de la JEP. La senadora explicó que el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017 fija 2028 como plazo para concluir las acusaciones, pero no para la clausura total de las salas, y que la ley otorga a la JEP cinco años adicionales de actividad jurisdiccional después de esa etapa. «Usted presenta como un hecho en medios lo que es desconocimiento del sistema de justicia transicional que pretenden asfixiar presupuestamente», afirmó Corcho en su mensaje dirigido al senador Gómez.
La congresista también señaló que desmontar las salas no reduce la impunidad, sino que cierra la puerta a los militares que se sometieron y dijeron la verdad, dejándolos vulnerables en procesos ante tribunales internacionales por las obligaciones del Estado colombiano. Según datos de la JEP, de las 1.070 renuncias a la persecución penal concedidas, 1.019 provienen de las salas, lo que representa un 95 por ciento del total, y de ese porcentaje, el 95 por ciento benefició a integrantes de la fuerza pública.
«El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP. El plazo para recibir informes por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las conductas será de 2 años desde que se haya constituido la totalidad de las salas y secciones de la JEP y podrá prorrogarse por la misma Sala hasta completar un periodo máximo de 3 años, salvo causa excepcional debidamente motivada en la que el plazo podrá ser moderadamente extendido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y las Conductas»
Enrique Gómez, senador (texto de la propuesta)
La iniciativa de Gómez también contempla que la Sección de Estabilidad y Eficacia de Resoluciones y Sentencias pueda constituirse sin límite de tiempo cuando sea necesaria, para preservar la aplicación de decisiones adoptadas por la JEP. La discusión presupuestal sobre la jurisdicción está prevista para 2027 en el Congreso, según advirtió Corcho, quien defiende que el modelo actual permite que las salas continúen su labor más allá de 2028, mientras que la reforma propuesta impondría un calendario rígido que, a su juicio, afectaría el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
