Gobierno pide recorte de $170.000 millones a la JEP y el Congreso lo debate hoy

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella propuso un recorte de 170.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del Presupuesto General de la Nación de 2027, superando en 70.000 millones de pesos el ajuste inicial que se había planteado. La iniciativa quedó consignada en una ponencia de más de 300 páginas para primer debate en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes, cuyo debate iniciará este miércoles y que deberá ser aprobada a más tardar el viernes 25 de septiembre. El senador Carlos Meisel, quien funge como coordinador ponente, ha señalado que existe un amplio consenso en torno a esta reducción y a la redistribución de esos recursos hacia otros sectores.

La reducción al presupuesto de la JEP se divide en dos componentes: 30.000 millones de pesos correspondientes a gastos de funcionamiento y 140.000 millones de pesos que impactan directamente la inversión. Los recursos liberados serán redirigidos hacia la Rama Judicial, que recibirá 100.000 millones de pesos para cubrir los faltantes de personal derivados de la bonificación judicial establecida en la Ley 2594 de 2026; al sector deporte, con una adición de 99.100 millones de pesos; y a otros rubros que aún están siendo evaluados. El presupuesto total propuesto para la vigencia 2027 asciende a 634,9 billones de pesos.

Justificación fiscal y traslados presupuestales

De acuerdo con el pliego de modificaciones de la ponencia presupuestal, la medida responde a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto, orientado a adecuar la programación presupuestal a las restricciones fiscales de la vigencia, aunque se afirma que se preservan los recursos requeridos para garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones misionales de la JEP. El senador Carlos Meisel explicó que hay un gran consenso en la reducción de la JEP y en poder distribuir esa plata, que muchos consideran se puede usar mejor en otro tipo de inversiones, señalando que los recursos se liberarán para inversión en deporte y para la Rama Judicial, mientras se estudian otros destinos posibles.

Además del recorte a la JEP, la ponencia incluye una adición de 2 billones de pesos al sector Salud y Protección Social, recursos que serán trasladados desde el Ministerio de Hacienda para atender cuestionamientos sobre el financiamiento de medicamentos y la Unidad de Pago por Capitación. También se contempla un recorte de 13.500 millones de pesos al Departamento Nacional de Planeación, sustentado en un análisis de viabilidad de proyectos de inversión para el próximo año, y una reducción de 15.600 millones de pesos al sector Transporte, que afecta a la Aeronáutica Civil y al proyecto del Aeropuerto del Café.

Reacciones y contexto político

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha calificado esta transferencia de recursos como una asfixia económica para la jurisdicción, y ha advertido sobre una estrategia para impedir su funcionamiento, en alusión a dos iniciativas radicadas por partidos de Gobierno. El recorte impacta de manera particular a la inversión, que constituye la mayor parte del ajuste, con efectos potenciales en departamentos como Antioquia, donde organizaciones de víctimas han expresado su inquietud por el ritmo de la reparación y los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.

“Hay un gran consenso en la reducción de la JEP y poder distribuir esa plata que muchos consideramos que se puede usar mejor en otro tipo de inversiones, la vamos a usar”.

Carlos Meisel, senador y coordinador ponente

La ponencia fue elaborada tras reuniones entre el Ejecutivo y varias bancadas del Congreso, y se espera que el debate en las comisiones económicas conjuntas pueda resolverse el mismo miércoles, para que el proyecto pase a consideración de las plenarias antes del plazo límite del 25 de septiembre. Mientras tanto, la JEP, creada como parte del acuerdo de paz colombiano, enfrenta uno de los ajustes presupuestales más significativos desde su creación, en medio de un complejo escenario de restricciones fiscales y redefinición de prioridades de gasto público.

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