El Gobierno nacional, bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella, anunció este jueves en un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado que emitirá un decreto de emergencia económica el próximo lunes 28 de septiembre. La medida, impulsada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, busca congelar los pagos de créditos agropecuarios durante un periodo de tres a cuatro meses y reperfilar las obligaciones financieras a dos años. Esta decisión se toma como respuesta a la inminente amenaza del fenómeno de El Niño, cuya probabilidad de ocurrencia supera el 90% con una intensidad muy fuerte entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027, y un 75% de probabilidad de ser el más intenso desde 1950, según las proyecciones citadas por el ministro.
El decreto se fundamenta en el artículo 215 de la Constitución y requiere la aprobación presidencial junto con la firma del Consejo de Ministros. Una vez emitido, la Superintendencia Financiera autorizará a la banca a congelar los pagos sin afectar la calificación crediticia de los productores. La cartera agropecuaria que se vería impactada asciende a cerca de 55 billones de pesos, vinculada a sectores agroexportadores que generan aproximadamente 11.000 millones de dólares anuales en exportaciones, incluyendo flores, caña, café, cacao, palma, aguacate, cítricos, pasifloras y tilapia. «Con la emergencia decretada, la Superintendencia Financiera inmediatamente le permitirá a la banca congelar por lo menos tres o cuatro meses el pago de las deudas sin mandar a calificación mala a ningún productor», afirmó Dangond durante su intervención.
Oxígeno financiero para el sector agropecuario
El ministro explicó que el reperfilamiento de las deudas a dos años representa un alivio crucial para los productores, al reducir significativamente las cuotas mensuales. «Cuando mandas una cartera a dos años, baja inmediatamente la amortización, el pago de la deuda, y eso es un tanque de oxígeno», señaló Dangond, según citó Blu Radio. La iniciativa se enmarca en un contexto de desastre nacional declarado desde el 23 de julio, con una vigencia de 12 meses, y se suma a la emergencia económica previa que el Ejecutivo decretó en agosto tras un terremoto de magnitud 7,4, bajo el Decreto 1261 de 2026. Además de las medidas financieras, el Gobierno avanza en un Plan Energía YA para fomentar el ahorro eléctrico y la generación térmica, y emitió la Directiva Presidencial No. 03 del 22 de septiembre para establecer una hoja de ruta nacional de riesgos en seguridad hídrica, energética, alimentaria, ambiental y sanitaria.
Dangond también reveló que se está trabajando en un proyecto de ley por 1,2 billones de pesos para garantizar la liquidez del sistema eléctrico, adicional a una inyección de 1,5 billones de pesos prevista para 2026. En paralelo, se acelerarán las devoluciones del IVA y se habilitarán las instalaciones de Almagrario para el manejo de carga a granel, con el objetivo de mitigar los costos logísticos que ya ascienden a 30.000 dólares diarios por el fondeo de buques en Buenaventura debido a demoras en los muelles. El ministro enfatizó la necesidad de ofrecer créditos a largo plazo: «Tenemos que dar créditos a 10 años, a 15 años», insistió, proponiendo préstamos rurales para maquinaria, riego y proyectos agrícolas, con condiciones que incluyen incentivos para ganadería sustentable y rotación de potreros.
«La emergencia la vamos a decretar, con el favor de Dios, el próximo lunes, con el señor presidente, en el consejo de ministros. Vamos a declarar el fenómeno de El Niño como una emergencia para poder actuar rápidamente»
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Las medidas se suman a programas previos como el plan de choque con Forrajes Milagro para la producción de heno y silos destinados al ganado, la siembra de 400.000 hectáreas de soya en la Altillanura y otras 400.000 de maíz, la renovación de 185.000 hectáreas de palma y la expansión de nuevas áreas de coco en la región Caribe. No obstante, el sector enfrenta retos adicionales, como los aranceles impuestos por Estados Unidos a las flores y la tilapia, el aumento de costos laborales, la reducción de la tasa de cambio y las críticas al Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia), que podría enfrentar denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría. Con el decreto de emergencia, el Gobierno busca garantizar la estabilidad económica del campo colombiano ante una crisis climática sin precedentes.
