La defensa de la exconsejera para la Reconciliación Nacional, Eva Ferrer, denunció ante la opinión pública que ella y su familia han sido víctimas de amenazas e intimidaciones, luego de que medios de comunicación revelaran sus presuntos vínculos con la ex primera dama Verónica Alcocer y un entramado de corrupción que habría operado durante el gobierno de Gustavo Petro. Los abogados María Soledad Morales y Jhonny Batalla, integrantes del equipo legal de Ferrer, informaron que su representada tuvo que abandonar Bogotá de manera urgente y entregar su apartamento antes del vencimiento del contrato, debido al temor que siente por su integridad física y la de sus seres queridos.
Según narró la defensa, las intimidaciones no se limitan a Colombia. El hermano de Eva Ferrer, que reside en España, habría recibido amenazas directas en ese país. Además, la madre de la exfuncionaria fue contactada hace quince días por un hombre identificado como Manel Grau, quien le solicitó una reunión para “arreglar las cosas”, propuesta que la señora rechazó de inmediato, respondiendo que cualquier asunto debía resolverse ante la justicia. La defensa interpreta como un acto de presión el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro un día después de la filtración de los audios, en el que aseguró que iniciaría acciones penales contra Ferrer.
“Ella tuvo que irse de Bogotá. Está en alguna parte por temas de seguridad. Tuvo que entregar el apartamento de un día para otro. A ella se le vencía su contrato en abril y lo tuvo que entregar el mes pasado, después de la noticia”, declaró María Soledad Morales, quien forma parte del equipo legal de Ferrer. La defensa sostiene que la exconsejera fue desprotegida por el Estado al suspendérsele la protección que recibía, sin que mediara una notificación formal.
La solicitud de investigación y protección estatal
En medio de la creciente tensión, los abogados de Ferrer elevaron una petición formal a la Fiscalía General de la Nación para que abra una investigación a partir de las denuncias difundidas por los medios. Al mismo tiempo, solicitaron al Gobierno Nacional, presidido por Gustavo Petro, que garantice la seguridad de su representada. Jhonny Batalla, abogado defensor, fue enfático al señalar la gravedad de la situación: “Ella tiene información. Ella podría ayudar a determinar los hechos con precisión, pero en estos momentos tiene una situación bastante compleja de seguridad. No puede ni siquiera salir a la luz pública ni caminar como cualquier ciudadano, porque siente temor. Llaman a su familia, llaman a su madre. Entonces necesita seguridad del Estado colombiano, presidido por Abelardo de la Espriella”. La mención al nombre del ex presidente, en lugar del actual mandatario, fue parte de la declaración del abogado, que se reproduce de manera textual.
“Estamos hablando de unos hechos que vinculan a un Estado con el anterior presidente a bordo. Efectivamente, con la ex primera dama y gente muy cercana al anterior gobierno. Cualquier persona que esté cerca de una situación de esta, de un entramado de corrupción como el que se ha ventilado en los medios de comunicación, necesita protección y defensa contra las acciones de estas personas”.
Jhonny Batalla, abogado defensor de Eva Ferrer
El escenario en el que se desenvuelve este caso se remonta a las revelaciones publicadas por la revista Semana, que dieron cuenta de archivos sobre negocios y movidas políticas de Ferrer, incluyendo cuentas de cobro millonarias, reclamos de pago de un supuesto préstamo, reuniones para impulsar negocios y una carta enviada a Petro sobre la presunta injerencia de catalanes en el Gobierno. La defensa afirmó que Ferrer no ha sido requerida por las autoridades colombianas hasta el momento, lo que refuerza su argumento de que necesita garantías para poder aportar su versión de los hechos sin temor a represalias. Mientras tanto, la exconsejera permanece en un lugar no revelado, tratando de resguardar su vida y la de su familia en medio de un caso que sigue sacudiendo los círculos del poder en Colombia.
