Ecopetrol solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar la adjudicación del contrato por 172 millones de dólares para la construcción y operación de la Regasificadora del Pacífico, un proyecto estratégico ubicado en el puerto de Buenaventura que busca permitir la importación de gas natural licuado por el Pacífico colombiano. La denuncia, presentada el pasado 2 de septiembre de 2025, apunta a posibles irregularidades como tráfico de influencias, conflictos de interés y modificaciones contractuales que habrían beneficiado a la firma PIO SAS, contratista del proyecto.
La auditoría interna de la petrolera estatal detectó presuntos incumplimientos en el proceso de contratación, lo que llevó a los directivos a remitir el caso a las autoridades competentes. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, estaría al tanto de la denuncia, aunque desde la compañía no se han pronunciado oficialmente sobre los detalles. La investigación también revisa los vínculos entre el consejero delegado de la Regasificadora del Pacífico, Einstein Mauricio Gómez Machado, y el exvicepresidente encargado de Energías para la Transición de Ecopetrol, Bayron Triana, quienes trabajaron juntos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), donde Gómez fue jefe de Triana.
Contrato millonario en la mira
El contrato, valorado en 172 millones de dólares, fue adjudicado a PIO SAS durante el gobierno de Gustavo Petro y bajo la presidencia de Ricardo Roa en Ecopetrol. Según el dueño de la firma, Óscar Isaza, su empresa ofreció la mejor propuesta técnica y el menor tiempo de entrega sin anticipo, superando a otros competidores. En declaraciones a medios, Isaza aseguró que «le gané a más de uno. Ofrecimos el mejor precio por millón de pies cúbicos, la mejor propuesta técnica y el menor tiempo de entrega sin anticipo». Sin embargo, el proyecto ha presentado retrasos significativos: la fecha prevista de entrada en operación era el 1 de agosto de 2025, pero ahora se estima que el gas empezará a fluir a mediados de noviembre de ese mismo año.
Frente a las demoras, PIO SAS argumenta causas de fuerza mayor. Isaza detalló que «la guerra en Irán ha generado una disrupción en el tema de logística; el terremoto dejó 5 días inhabilitado el puerto de Buenaventura, hubo cierres en la vía y un tifón en China donde estaba ‘Tura'», en referencia al buque necesario para la operación, que se encontraba cerca de California con destino a Buenaventura. No obstante, Ecopetrol aceptó como justificados solo dos de los 45 días de retraso reclamados por la firma, lo que podría derivar en la aplicación de una multa de 200.000 dólares por día y un eventual arbitraje si PIO no acredita las causas.
«Nunca me han exigido nada. Tengo una trayectoria impecable. Que entren y esculquen. No hay sombra de duda sobre el proyecto»
Óscar Isaza, dueño de PIO SAS
Isaza también rechazó cualquier señalamiento de irregularidades y pidió que se investigue a fondo. Dijo estar tranquilo porque su empresa ganó el proceso de forma legítima. Sin embargo, la denuncia de Ecopetrol también pone el foco en posibles conflictos de interés: Gómez Machado, quien asumió como consejero delegado de la Regasificadora del Pacífico después de la adjudicación, tuvo un contrato de consultoría con la Creg por cerca de 1.000 millones de pesos. Además, su firma Consultoría Regulatoria firmó en 2025 un contrato con E-Nlighten SAS, empresa relacionada con Bayron Triana. Triana, por su parte, atribuyó las denuncias en su contra a una campaña de desprestigio por presiones para la compra de gas vía Houston.
Declaraciones y defensas cruzadas
En medio de la controversia, los involucrados han dado versiones encontradas. Óscar Isaza afirmó que el exvicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol, David Riaño, lo invitó a participar en el proceso, pero Riaño lo negó rotundamente: «No llamé a nadie, solo escuché», dijo en entrevista. Por su parte, Einstein Mauricio Gómez Machado aseguró que se vinculó al proyecto cuando el contrato ya estaba adjudicado y que no participó en las decisiones relacionadas con el mismo. Como respaldo, recordó que antes de su llegada a la Regasificadora, el 8 de junio de 2012, la Creg ya había emitido una resolución sobre la necesidad de importar gas por el Pacífico y el Caribe, mientras que él ingresó el 19 de julio, dejando claro que su rol fue posterior a la planeación original.
La Fiscalía deberá determinar si existió tráfico de influencias o conflictos de interés en la adjudicación y ejecución del contrato. Mientras la investigación avanza, la Regasificadora del Pacífico sigue siendo una obra clave para la seguridad energética del país, pero las sombras de duda sobre su contratación amenazan con retrasar aún más su puesta en marcha. Ecopetrol, mientras tanto, mantiene la expectativa de que se apliquen las multas correspondientes y se esclarezcan las presuntas irregularidades en un proceso que suma 172 millones de dólares en juego.
