Líder social en Chocó pide apoyo estatal para minería artesanal de subsistencia

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En el departamento del Chocó, la líder social Gizette Mosquera ha alzado su voz para defender la minería artesanal que practican cientos de familias, diferenciándola tajantemente de la minería ilegal que opera a gran escala en la región. Mosquera, quien hoy representa a las comunidades mineras ante el Ministerio de Minas, reclama al Estado una mirada más humana que vaya más allá de la destrucción de maquinaria y que ofrezca alternativas reales de subsistencia para quienes dependen del barequeo ancestral.

Para la líder, existe una confusión deliberada entre dos realidades completamente distintas. Mientras la minería ilegal es financiada por grupos criminales como el Clan del Golfo y arrasa el territorio con maquinaria amarilla, la minería de subsistencia es una práctica manual, tradicional y respetuosa con el medio ambiente que se ha transmitido de generación en generación en las comunidades afro e indígenas del Pacífico.

El grito de una tierra que sobrevive entre el barequeo y la necesidad

La magnitud de la crisis es evidente en las cifras que maneja la propia Mosquera. Según su testimonio, en un solo municipio del Chocó, más de cuatro mil familias dependen exclusivamente de la minería de subsistencia. Son hogares que no tienen otra forma de conseguir el sustento diario y que, ante la falta de presencia estatal, encuentran en el oro una manera de llevar comida a la mesa. La líder insiste en que estas personas no son delincuentes, sino ciudadanos que buscan sobrevivir en uno de los territorios más golpeados del país.

«La minería tradicional o la minería de pequeña escala, que es la que yo represento, no maneja ningún tipo de maquinaria amarilla, eso se llama minería de subsistencia, porque se basa principalmente en la extracción por medio de batea, que es un medio ancestral de la extracción del oro»

Gizette Mosquera, líder social defensora de la minería artesanal

La crítica de Mosquera apunta directamente a la estrategia gubernamental que se ha centrado en incautar y quemar maquinaria pesada, una acción que considera insuficiente y contraproducente. Al final, las personas necesitan comer y subsistir, y si se elimina una fuente de ingreso sin ofrecer alternativas, la necesidad no desaparece. Por eso ha aplaudido la iniciativa de la congresista Astrid Sánchez Montes, quien radicó un proyecto de ley para que la maquinaria incautada no sea destruida, sino que se utilice para el desarrollo regional de las propias comunidades.

«Al final lo que necesitan las personas es comer y subsistir. Entonces, si se termina también, o vamos a controlar y hacerle frente a lo que significa la ilegalidad, también hay que tener en cuenta que hay personas que dependen de la una o de la otra y no significa que porque hagan parte de una línea de minería, sea la tradicional o la ilegal, no significa que ellos sean personas ilegales en su generalidad»

Gizette Mosquera, líder social defensora de la minería artesanal

La situación se da en medio de un complejo escenario político. El gobierno de Abelardo de la Espriella, con apenas dos meses de gestión, ha manifestado su interés en explotar los recursos naturales, pero las comunidades han denunciado que esa explotación se hace sin consultarles y afectando sus territorios. Sin embargo, Mosquera reconoce que el gobierno ha iniciado acercamientos con las comunidades mineras para establecer mesas de trabajo y que una de las estrategias es ir a los territorios para escuchar sus necesidades y buscar cooperación internacional.

«Muchas personas, y sé por qué soy del territorio, lo hacen simplemente por necesidad»

Gizette Mosquera, líder social defensora de la minería artesanal

Mientras tanto, las comunidades del Chocó siguen esperando que el discurso se convierta en acciones concretas. Mosquera, quien logró ingresar al Ministerio de Minas gracias a su trabajo con las comunidades, advierte que la minería de subsistencia utiliza técnicas consideradas obsoletas por falta de maquinaria moderna, pero que son precisamente esas prácticas las que preservan el medio ambiente. La pregunta que queda en el aire es si el Estado será capaz de reconocer la diferencia entre el que sobrevive con una batea y el que destruye el río con retroexcavadoras, antes de que la necesidad y la presión de los grupos armados sigan ganando terreno en un departamento históricamente olvidado.

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