La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas al reportar que entre enero y agosto de 2026 fueron asesinados 112 líderes sociales en Colombia, mientras que en el mismo periodo se registraron 86 masacres que dejaron un saldo de 326 víctimas. El informe, presentado durante el primer mes del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella —quien asumió el 7 de agosto—, evidencia que la violencia contra defensores de derechos humanos y comunidades continúa golpeando con crueldad varios territorios del país, especialmente los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Antioquia.
Del total de líderes asesinados, 91 eran hombres y 21 mujeres. Agosto fue el mes más letal con 22 homicidios, seguido de abril que registró 18. Por regiones, Cauca concentró 26 asesinatos, Valle del Cauca 14, Antioquia 12, Norte de Santander 8, Arauca 6 y Caquetá 6, en una violencia que se extendió a 23 departamentos más Bogotá. Pero la tragedia no se limita a los líderes sociales: también fueron asesinados 10 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, con Cauca como el departamento más golpeado con tres víctimas, seguido de Caquetá y Putumayo con dos cada uno, mientras que Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander reportaron uno respectivamente. De estos crímenes contra excombatientes, cinco ocurrieron en agosto y tres en febrero.
El informe de la Defensoría revela además que en los primeros ocho meses de 2026 se perpetraron 86 masacres —definidas como el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho—, de las cuales marzo y abril sumaron 14 cada uno, y enero 13. Desde que inició el monitoreo en 2016, la cifra acumulada de líderes y defensores asesinados asciende a 1.777. En apenas el primer mes del gobierno de Espriella, entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre, la organización Indepaz documentó el asesinato de 16 líderes sociales —14 en agosto y dos en septiembre—, cinco firmantes de paz y 10 masacres con 30 víctimas, entre las que se cuentan menores de edad.
Violencia que se reconfigura en los territorios
Los departamentos de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentran la mayoría de las masacres, una muestra de cómo el conflicto armado se ha reconfigurado en regiones históricamente golpeadas por la disputa de grupos ilegales. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a cesar la estigmatización de quienes ejercen el liderazgo social y la defensa del territorio. En su alerta, la institución recordó que “defender derechos es un derecho” y que “las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo”.
“Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo”.
Defensoría del Pueblo
Por su parte, Indepaz, que junto a la Defensoría monitorea esta violencia desde hace una década, pidió reforzar las medidas de protección para la población civil, subrayando que los 16 líderes asesinados en el primer mes del nuevo gobierno defendían sus territorios y representaban a sus comunidades. Las cifras, que no dan tregua, evidencian que pese a los acuerdos de paz firmados en 2016, la guerra contra quienes trabajan por la vida y los derechos en las regiones más apartadas del país sigue siendo una cruda realidad.
