La Alcaldía de Medellín suspendió temporalmente 105 viviendas turísticas como resultado de 408 inspecciones realizadas entre 2024 y 2026, dentro de una estrategia integral para regular y formalizar el alojamiento de renta corta en la ciudad. Así lo dio a conocer la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta, quien explicó que los operativos se ejecutaron con base en la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y contaron con el apoyo del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (Site), una herramienta que permitió georreferenciar los alojamientos y cruzar información con fuentes oficiales. Las irregularidades se concentraron especialmente en barrios como Laureles, San Cristóbal, El Poblado y La Candelaria, donde la oferta de rentas cortas operaba en gran medida por fuera de la legalidad urbanística.
La medida no busca eliminar la vivienda turística, sino garantizar que esta actividad crezca dentro del marco normativo. Según las cifras oficiales de la Secretaría de Turismo, los prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT) pasaron de 521 en 2019 a 8.322 en 2026 en el segmento de vivienda turística, mientras que hoteles y similares solo aumentaron de 730 a 863 en el mismo período. Ese crecimiento exponencial motivó una intervención estatal para exigir requisitos legales, proteger el uso residencial de los inmuebles y prevenir delitos como la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna).
Un plan que combina control y acompañamiento a los anfitriones
La estrategia distrital no se limita a la sanción, sino que incluye un componente pedagógico para que los prestadores puedan ponerse al día. Durante 2026, un total de 64 anfitriones fueron acompañados en procesos formativos para subsanar sus requisitos pendientes, mientras que 70 propietarios y administradores recibieron capacitación en protocolos de prevención de la explotación sexual comercial de menores. En 2025, otros 43 propietarios fueron formados en sostenibilidad, y en el acumulado del programa 113 operadores se instruyeron en regulación, obligaciones fiscales y contables, tecnología, prevención de delitos y sostenibilidad.
«Medellín le apuesta a un turismo formalizado, responsable y competitivo. No prohibimos la vivienda turística, pero queremos que todos cumplan con la normativa, porque entendemos que este sector es fundamental para la dinámica turística de la ciudad, pero debe operar dentro de la legalidad, con estándares de calidad y con medidas claras para prevenir delitos como la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna). Por eso, combinamos control, inspección, inteligencia de datos y acompañamiento a los prestadores para que puedan cumplir la formalización».
Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín
En paralelo, la administración municipal avanza en una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), trabajando de la mano con el Departamento Administrativo de Planeación, con el fin de concentrar la actividad turística en zonas de alta mixtura y sectores cercanos a las estaciones del metro. Sin embargo, el sector privado ha alertado sobre el impacto de esa regulación. Plataformas y prestadores advierten que la medida equipara la vivienda turística con la hotelería tradicional y restringiría su funcionamiento en el 72% de la ciudad, es decir, en las zonas de baja mixtura, lo que afectaría a más de 4.500 familias que dependen de estas rentas. El gremio, según información de El Colombiano, insiste en que la vivienda turística debería tratarse como una práctica civil no comercial, amparada en la Ley 2068 de 2020, y no como una actividad comercial sujeta a las mismas cargas que un hotel. Mientras tanto, la Secretaría de Turismo sostiene que la combinación de inspección, inteligencia de datos y formación es el camino para que Medellín mantenga su liderazgo turístico sin sacrificar la legalidad ni la seguridad de los menores de edad.
