El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió contratos por un valor de 45 millones 53 mil 772 pesos cada uno a favor de Manuela Bedoya Jaramillo y Luna Barreto, dos activistas que fueron condecoradas por el expresidente Gustavo Petro con la Orden de Boyacá en grado de Caballero tras participar en la flotilla humanitaria Global Sumud hacia Gaza en octubre de 2025. Los contratos, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, asignan a las jóvenes labores de enlace con comunidades indígenas en municipios fronterizos de Chocó, Guainía y Vichada, con una remuneración mensual de 3 millones 754 mil 481 pesos.
El origen de esta vinculación estatal se remonta al 1 de octubre de 2025, cuando las autoridades israelíes retuvieron a Bedoya y Barreto mientras viajaban en la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El entonces presidente Gustavo Petro exigió su liberación, las recibió en Bruselas y las trasladó a Colombia a bordo del avión presidencial. En diciembre del mismo año, les otorgó la condecoración, un gesto que generó tanto respaldo como críticas. Posteriormente, la Unidad Nacional de Protección también les asignó esquemas de seguridad, lo que despertó el cuestionamiento de sectores políticos y del sindicato por el uso de recursos públicos.
Los detalles de los contratos
Según la información reportada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), los contratos fueron adjudicados mediante la modalidad de contratación directa por parte del Fondo Rotatorio de la Cancillería. Manuela Bedoya apoyará a la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza en los municipios de Chocó, mientras que Luna Barreto hará lo propio en los departamentos de Guainía y Vichada. Entre las funciones asignadas figuran la interlocución con comunidades indígenas, el acompañamiento a espacios de participación, la logística de reuniones y la organización de actividades de socialización de programas. Los contratos contemplan desplazamientos nacionales con viáticos cubiertos por la entidad y tiquetes aéreos en clase económica cuando el servicio lo requiera.
«Hasta la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($45.053.772) incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, a los que haya lugar»
Contrato reportado en Secop
La asignación de estos recursos ocurre en medio del debate sobre el uso de fondos públicos para beneficiar a activistas que, tras su retención en el exterior, fueron recibidas como heroínas por el gobierno de Petro. Mientras tanto, las dos jóvenes iniciarán sus funciones en zonas fronterizas donde la presencia del Estado ha sido históricamente limitada, con el objetivo de fortalecer la integración con comunidades indígenas y atender las dinámicas propias de esas regiones. La vigencia de los contratos, que se extiende hasta finales de 2026, asegura su vinculación durante el resto del periodo presidencial, lo que añade un nuevo capítulo a la polémica en torno a su figura pública.
