El Pacto Histórico, movimiento político que lidera el Gobierno nacional, ha denunciado una oleada de ataques digitales dirigidos contra mujeres congresistas de la bancada, incluyendo la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial, campañas de desinformación y violencia política misógina. La denuncia, difundida recientemente, pide a la Fiscalía, la Policía, el Consejo Nacional Electoral y otros organismos de control investigar a fondo estos hechos que, según el comunicado, buscan intimidar y desalentar la participación de las mujeres en el debate público.
Entre las congresistas afectadas se encuentran la senadora Isabel Zuleta, la representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal, Clara López, María José Pizarro, la vicepresidenta Francia Márquez y Alejandra Omaña. Según el movimiento, se ha identificado la circulación de un video manipulado con inteligencia artificial que suplanta la identidad de Isabel Zuleta, además de montajes fotográficos, publicaciones falsas y trinos apócrifos. Los ataques incluyen insultos sexualizados, señalamientos sobre la apariencia física y alusiones a violencia sexual, configurando un patrón de acoso coordinado.
Patrones de saturación digital y redes coordinadas
La denuncia se apoya en una investigación de Cuestión Pública que detectó 5.001 publicaciones provenientes de 3.626 cuentas en un lapso de cinco horas y media, lo que evidencia dinámicas de saturación digital y cuentas hiperactivas con señales de baja autenticidad. El Pacto Histórico sostiene que estos ataques tienen un componente misógino y que detrás de ellos podrían operar granjas de bots financiadas con recursos estatales o privados. Por ello, han solicitado a la Fiscalía investigar la suplantación, el acoso y la violencia política de género; a la Policía, identificar y desmantelar las redes coordinadas; y al Consejo Nacional Electoral, establecer si existe relación con campañas políticas o fuentes de financiación.
Además, el movimiento pidió la cooperación del Ministerio de Minas, XM, la Superintendencia de Servicios Públicos y los operadores de red para identificar patrones atípicos de consumo energético que ayuden a detectar infraestructuras dedicadas a estas operaciones digitales. También exigen al Gobierno nacional rechazar los ataques de manera contundente y avanzar en una regulación clara sobre las responsabilidades en la circulación de contenidos falsos y violencia política digital. Cabe recordar que la Ley 2502 de 2025 ya agrava la falsedad personal cuando se utiliza inteligencia artificial para suplantar identidades, un marco legal que los denunciantes esperan ver aplicado con firmeza.
